El 13 de mayo de 2021, la Asociación Liberum y otras 14 organizaciones no lucrativas, han denunciado ante la Corte Penal Internacional (Tribunal de La Haya) delitos de genocidio y de lesa humanidad, cometidos en relación con el coronavirus SARS-Cov-2, “con la intención de someter a la población a una situación de estrés, ansiedad, depresión, tristeza, pobreza, daño y muerte”.

Denuncian al “Estado español, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill & Melinda Gates, el Centro Johns Hopkins, la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y cualquier otra persona, entidad u organismo que resulte responsable de las actuaciones”.

Se argumenta que debe ser la Corte Penal Internacional la que investigue los delitos porque: “es inexistente la Fiscalía General del Estado, ya que no sólo no ha iniciado de oficio ninguna investigación sobre los hechos objeto de denuncia, sino que además desde dicho órgano siempre se solicita el archivo o desestimación de cualquier procedimiento iniciado a instancia de parte”.

En 97 páginas, se refiere a numerosa documentación científica que deja en entredicho la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), convertida en versión oficial en España y en otros países. La OMS es un organismos de Naciones Unidas que es una organización intergubernamental, es decir, creada por gobiernos y dirigida por los gobiernos de los países miembro. También se aportan muchas noticias periodísticas, a pesar de que los hechos denunciados ante organismos internacionales, generalmente no pueden estar basados en los medios.

Los dos primeros hechos están dedicados al papel de Bill Gates y el popular Evento 201 en esta pandemia, sin tener en cuenta que los hechos relatados se basan en información previa de la OMS.

En la denuncia se dice que: “a fecha de hoy está por demostrar científicamente la relación causal directa y exclusiva entre el SARS-Cov2 y el síndrome COVID-19” y que «los indicios señalarían que los fallecimientos de mayores producidos en las residencias, nada tuvieron que ver con un supuesto contagio del virus “SARS-Cov-2”».

En referencia a España, se dice que: «Estas gráficas [fallecidos] muy difícilmente justifican la adopción de medidas restrictivas y de limitación de derechos fundamentales por motivos sanitarios” y “De los datos observados, no extraemos motivos para la alarma sanitaria» y «las distintas medidas acordadas por “razones sanitarias”, en ningún caso han repercutido en mejorar la salud y el bienestar de la población».

Denuncian que los Protocolos de la OMS aumentaron el número de fallecidos y los daños causados por el uso continuado de mascarilla, incluyendo muertes de niños.

Concluyen que “el objetivo de las medidas nada tiene que ver con la protección de la salud sino con un mayor control de la población”,”Por ello, que entendemos que las medidas acordadas por el estado español con la excusa de la crisis sanitaria del SARS-Cov-2, son constitutivas de un delito de genocidio”.

En la denuncia se dice que “varios Tribunales de distintos países (como mínimo Alemania, Holanda, Portugal y Austria) han invalidado la prueba RT-PCR como herramienta de diagnostico medico. También la Agencia Sueca de Salud Pública. La propia OMS alertó que en EE.UU. y en Europa se estaban utilizando mal los PCR, dando como resultado un aumento falso de casos. Un abogado alemán que está denunciado la pandemia, sostiene que tiene que investigarse si existe una pandemia de Sars-Cov-2 o de PCR.

Se aporta documentación oficial que entienden que desacredita la existencia de una 2ª y 3ª ola durante 2020, concluyendo que el “pico de mortalidad“ “tal vez sea consecuencia de los efectos de una campaña de vacunación inadecuada una actuación médica inapropiada, la falta absoluta de atención medica, o bien, la suma de estas tres causas”, “Pero no lo explicaría la aparición de un patógeno”.

Se denuncia que se ha utilizado una estadística de Incidencia Acumulada inadecuada y que el número de contagiados es discrecional, según la información de la OMS.

Añaden los intereses ideológicos y político-económicos del Gobierno en la forma de abordar la situación: “Mucho tememos que el desembolso de los fondos europeos ha sido otro de los motivos por el cual el Gobierno de España viene aplicando el índice de Incidencia Acumulada (IA) en la forma indebida que se ha descrito con anterioridad.

Todo ello, con el fin de engordar las supuestas ‘cifras de contagios’ que justifiquen la aprobación de medidas restrictivas de derechos fundamentales que afectan directamente a la economía, y que conllevan la quiebra inevitable el tejido industrial y comercial compuesto por autónomos, pequeñas y medianas empresas”.

Añadiendo que “España es el segundo país más beneficiado de la UE por el reparto de los fondos europeos con motivo de la crisis del Covid-19. En total, podría optar a 140.000 millones de euros”, “Los fondos europeos Next Generation «irán dirigidos a la reconstrucción del país y, por lo tanto, se destinarán estrictamente a aquellos proyectos que encajen dentro de las líneas estratégicas y de las condiciones que marque Europa»”.

Denuncian que, según pruebas con animales, “Las vacunas COVID, cualquiera de ellas, van a generarle a la persona una enfermedad peor que si no estuviera vacunada cuando se exponga al virus salvaje”. Igualmente, se aportan estudios que relacionan las vacunas con abortos y con infertilidad en los hombres. Destacan que la Unión Europea ha informado el 17 de abril de 2021 que ya había habido 7.766 fallecidos por las vacunas, pero afirman razonadamente que no exagerado suponer que ha habido 78.000 muertes.

Denuncian la manipulación informativa y mediática: “existiendo una total y absoluta falta de transparencia en la información facilitada a los ciudadanos” y “Durante todo este tiempo, cualquier opinión contraria o crítica a la “versión oficial” ha sido automáticamente censurada”. Se ha represaliado a cualquier experto que ha llevado la contraria a la versión oficial “mediante la acusación pública de “negacionista”, lo que genera evidentemente un gran desprestigio social”,

“Estos mismos medios de comunicación, son cómplices de los delitos de genocidio y de lesa humanidad que se denuncian, ya que han estado ejerciendo sobre la población un “delito de terrorismo informativo 24 horas al día durante 14 meses, creando un miedo desproporcional a la peligrosidad del supuesto “virus”, lo que está generando graves problemas psicológicos a la población”.

Concluyen que: “En consecuencia, los delitos de genocidio y de lesa humanidad que se están cometiendo por parte del Estado español, en colaboración con el resto de entidades y organismos, no se hubieran podido llevar a cabo sin la ayuda de los medios de comunicación, pieza clave en el mantenimiento de esta farsa genocida”.

El 27 de mayo han presentado una ampliación de la denuncia, aportando más nombres a los denunciados y adhiriéndose otros cuatro colectivos a los denunciantes.

La sociedad civil y el sector social (asociaciones) siguen denunciando la evidente actuación criminal del Gobierno, añadiendo a organismos españoles creados con dinero público y que viven del dinero público, como el de Leire Pajín -ex Ministra-, y de los corruptos organismos internacionales.

La denuncia ha sido liderada por la Asociación Liberum y en su página web puede encontrarse información y documentación muy interesante, relacionada con el coronavirus, tanto científica como legal, incluso para defenderse de los abusos de la metamafia institucional, incluyendo esta denuncia.

Durante años se seguirán denunciando los crímenes de 2020 que han aumentado el totalitarismo de los democracias occidentales y, como reacción, está despertando a la población y aumentando la desconfianza hacia las instituciones y sus organismos internacionales, creando un cima favorable para iniciar una Era #PostDemocracia.

Javier Marzal ( El Correo de España )