A LA OPERACIÓN DIÁLOGO LE ESTORBAN LOS JUECES

Tras las declaraciones de Miquel Iceta, Meritxell Batet, Josep Borrell y Teresa Cunillera, ayer le llegó el turno de apaciguar al separatismo a la propia vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo se sirvió de una entrevista en La Vanguardia para insistir en la misma línea que sus compañeros de partido: presionar con mayor o menor sutileza sobre los jueces y fiscales para tratar de aliviar la situación procesal de los presos.

Calvo sugiere su liberación si la vista oral se demora, y añade que la prisión provisional «está para lo que está»: por ejemplo, para que un imputado no huya a Bélgica. La estrategia no oculta su condición de hipoteca política: Tardà ha condicionado su respaldo a unos Presupuestos a retirar el cargo de rebelión y Eduard Pujol ha aplaudido el guiño «valiente» de Calvo.

Por más melifluo que suene el ataque a la separación de poderes, por más que se repita mil veces, no dejará de escandalizar a cualquier ciudadano consciente de que un Estado de derecho depende entre otras cosas de que los delincuentes sean juzgados y castigados. Entristece que el patrocinador de un discurso favorable a la impunidad sea el propio Gobierno, que prefiere cortejar a los enemigos del Estado antes que convocar unas elecciones que refuercen su posición. Quizá porque no confía demasiado en sus expectativas.

El Mundo