A POR LA PRENSA

Un tópico en las redacciones sostiene que nada más plúmbeo escribiendo que un jurista (y algunos logran probarlo incurriendo en el articulismo con admirable tesón). Sin embargo, el Derecho en su expresión más elevada dista de ser aburrido. Por el contrario, se trata de una de las mayores construcciones humanas, el cimiento de la civilización.

Las libertades y garantías democráticas que hoy disfrutamos no se lograron en dos tardes de café. Son la decantación de un esfuerzo lento, que atraviesa varios siglos. Algunos de sus hitos nacieron aquí mismo, aunque no los ponemos en valor, como sí harían ingleses o franceses de haber sido obra suya. En 1188, Alfonso IX, Rey de León y Galicia, convoca a los tres estamentos

 a las Curia Regia, a las cortes, e incluye allí a representantes electos de las ciudades. Los Decreta de León son el primer registro del parlamentarismo, un embrión de la representación. Un paso enorme.

La aventura continúa. Veintisiete años después, un grupo de nobles ingleses abrasados por las tasas rapaces de Juan I, el odiado Juan sin Tierra, lo pillan por una oreja y en un prado a orillas del Támesis lo obligan a rubricar la Magna Carta Libertatum.

Allí se establece que «nadie está por encima de la ley». Y ahora viene lo bueno: ni siquiera el monarca. En el siglo XVI, nuestros sabios de la Escuela de Salamanca bosquejan de manera visionaria lo que con el tiempo llamaremos derechos humanos.

Al siglo siguiente, en 1628, el formidable jurista Edward Coke, al que debemos la máxima de «mi casa es mi castillo», saca adelante la Petition of Rights, que fija «los derechos de los ingleses libres» e incorpora el habeas corpus.

Todos esos pasos, más las ideas de Locke y y Montesquieu, cristalizarán en un documento extraordinario, tan vigente como si hubiese sido aprobado ayer: la Constitución de Estados Unidos de 1787, de la que beben todas las democracias sucesivas.

Pero aquella obra maestra hubo de ser mejorada. El 15 de diciembre de 1791, el flamante Congreso de la joven nación aprueba diez enmiendas constitucionales. La primera de ellas salvaguarda las libertades de fe, expresión y prensa. Hoy sabemos que sin esas garantías ninguna democracia es tal.

En España estamos viendo a un presidente y un vicepresidente que han iniciado una campaña para constreñir la libertad de prensa.

Primero se cepillaron a Montesquieu con el inaudito mantra de «desjudicializar la política» (es decir: anular los jueces cuando convenga al Ejecutivo).

Ahora van a por los medios críticos, cuando la razón de ser del periodismo es precisamente ejercer de contrapunto del poder. No lo ocultan. En el punto 5.9 del pacto de Gobierno de la Coalición Progresista anunciaron una «estrategia nacional de lucha contra la desinformación».

Ahora han empezado a pregonar quién desinforma: «La prensa conservadora», señalada en alto por Sánchez e Iglesias.

El segundo incluso con una explícita amenaza de cárcel para los que llama «los responsables mediáticos de las cloacas». No es nuevo. Se llama despotismo y hay que combatirlo, porque la alternativa es empezar a rendir nuestras libertades.

Luis Ventoso ( ABC )