ÁBALOS NO PUEDE EVADIRSE DEL TAXI

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no parece haber hallado otra solución para el conflicto del taxi que la de transferir el problema a las comunidades autónomas, que serían las encargadas de regular el sector y de la concesión de nuevas licencias VTC. Como señalaba ayer la Federación Española del Taxi, con esta medida, tal vez, se solucionará en el corto plazo el problema de Barcelona, pero se abre la vía para crear 17 nuevos conflictos en las autonomías, o cincuenta más en las principales ciudades de España.

No se debería tomar a beneficio de inventario esta advertencia de los profesionales del sector, puesto que las nuevas bases de la llamada «economía colaborativa», es decir, donde operan las plataformas del tipo Uber o Cabify, se caracterizan por no tener en consideración las fronteras administrativas y, por el contrario, florecen allí donde la regulación es laxa o está dispersa entre diferentes administraciones.

Hablamos, por supuesto, de un sector, como el del transporte urbano de pasajeros, que, como todos aquellos en los que prima la seguridad de las personas, no se puede dejar abierto a las puras reglas del mercado ni, por otro lado, someterse a suplementarias restricciones territoriales. Si fue un error, –comprensible ante la falta de conciencia sobre el desarrollo que iban a alcanzar las plataformas de internet y las nuevas tecnologías de la telefonía móvil–, del anterior gobierno socialista aprobar la liberalización de las licencias VTC, debe ser de nuevo una instancia gubernamental, en este caso Fomento, la que asuma la responsabilidad y legisle las fórmulas para llegar al mejor modus vivendi entre los taxistas y los conductores privados.

No sólo porque nos ahorraríamos situaciones como la actual, provocada indirectamente por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la promulgación de un reglamento que, como era previsible, no pasó el corte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino porque con una legislación a nivel estatal se evitan confusiones interesadas y todo el mundo sabe a lo que atenerse. Nada peor que la perspectiva de dos comunidades autónomas limítrofes legislando a su aire y provocando diferencias competitivas, como venía ocurriendo, sin ir más lejos, con los impuestos de sucesión.

Por otra parte, la batalla que están dando los taxistas va más allá de los propios intereses de un sector productivo determinado. Estamos ante un proceso regresivo, por más que se disfrace con el glamour de las nuevas tecnologías de la Información, que a quienes conocen cómo se ha deteriorado un servicio público tan fundamental en otras latitudes, donde la competencia sin límite alguno pasa por encima de las más elementales normas de seguridad pública, reconocerán.

Tal vez, se pueda reprochar a los taxistas que la huelga se haya llevado a cabo sin los suficientes servicios mínimos o que se hayan producido lamentables, aunque minoritarios, accesos de violencia, pero no que les asistan razones para exigir de la Administración las mismas reglas para todos. En España, con las excepciones que se quieran, el sector del taxi ha venido funcionando dentro de los parámetros de calidad, seguridad y disponibilidad más exigentes.

Sin duda, las nuevas plataformas aspiran a cumplir esos estándares, pero abaratando precios y, en consecuencia, costes salariales, lo que, a la larga, acabará con la competencia. Está ocurriendo en muchos otros sectores, como el transporte por carretera interurbano o en los servicios de alojamientos turísticos. Y los resultados no siempre son los mejores para el bienestar general.

La Razón