PSOE Y C’S ACOGEN CON CAUTELA EL INTENTO DE ACABAR CON EL ANONIMATO DE WITTER

El mensaje aparecido en Twitter deseando que la secretaria primera del Congreso, la popular Alicia Sánchez-Camacho, fuera encontrada por el grupo de presuntos violadores «La Manada» ha sido la gota que ha colmado el vaso. Es el último episodio de un peligroso tipo de acoso, invitación al odio y coacción que se perpetra en las redes sociales, gracias a la impunidad que brinda el anonimato de los perfiles, del que nadie está a salvo y que va en aumento.

A Sánchez-Camacho le han espetado ese comentario simplemente por subir a la red social su intervención en el Congreso en defensa de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Pero esta misma semana la periodista Ana Pastor ha denunciado estar recibiendo múltiples mensajes de amenazas, algunas de muerte, a través de Twitter y ha pedido al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, celeridad para encontrar a los culpables. Y conmocionante fue también el mensaje que una usuaria de Facebook -en este caso al descubierto- dedicó a la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadasdeseándole una violación «en grupo».

En todos los casos los autores borraron los mensajes tras recibir notoriedad, pero el daño y la coacción ya estaban hechos. Al igual que Pastor y Arrimadas, Sánchez-Camacho recibió ayer el apoyo de su grupo y de las demás formaciones políticas pero este tipo de actos se cometen diariamente contra mujeres anónimas que no se encuentran solas ante la amenaza. «Ese tuit lo recibí como mujer y creo que supone una incitación a la violencia, a las agresiones sexuales», advirtió ayer en los pasillos del Congreso.

El PP ha decidido que es hora de poner fin a este tipo de delitos o, por lo menos, intentarlo. Por ello su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha encargado a la propia Sánchez-Camacho que inicie un diálogo con el resto de los grupos políticos para impulsar el fin del anonimato y la impunidad en las redes sociales. «El anonimato es la barrera en la que se escudan algunos para actuar de forma cobarde e impune y perpetrar este tipo de actividades que, en su opinión, son «delictivas», subrayó.

La iniciativa pasa por empezar estudiando «si hay margen legal» para aplicar un cambio normativo que obligue a asociar una identidad a cada perfil. Y después intentar buscar un acuerdo político para legislar en consecuencia.

A pesar de la gran distancia que separa a los distintos grupos en otros temas, Hernando se mostró confiado en que el acuerdo será posible y que efectivamente existe margen legal para actuar. «Una cosa es la libertad de prensa y otra la libertad de difamación y delito», subrayó.Su intención es promover la misma iniciativa en el seno de la Unión Europea, consciente de que el cambio de regulación se tiene que realizar a nivel internacional o no tendrá ningún efecto.

Otro movimiento «esencial», explicó Hernando, será «hablar» con las compañías para que «tomen nota». Recordó que «es responsabilidad de las empresas» evitar que a través de su tecnología se produzcan actos de acoso y consideró, de hecho, que no debe gustarles «lo que se está produciendo».

Mientras, la denuncia

Hasta ver si está iniciativa tiene éxito ha animado a la denuncia. «Cuando existen conflictos se usa este anonimato para acosar a mujeres de manera absolutamente deleznable, cobarde. Lo que pido a todas las mujeres y todas las personas es que lo denuncien», emplazó. Además, recordó que el anonimato de los perfiles obliga a la Guardia Civil a poner en marcha una unidad «para averiguar quién está detrás» del mensaje, ralentizándose la persecución del delincuente. Hernando subrayó también que «hay casos en todas las profesiones y estas actuaciones que no son lícitas tienen que ser perseguidas y perseguibles de forma rápida. El anonimato solo sirve para encubrir actitudes deleznables que fomentan el odio y el acoso», denunció. «Detrás de ese pseudónimo tiene que haber una identidad clara. También acabaremos con los robots», afirmó, recordando que se usan igualmente para acosar a través de las redes sociales.

Precaución en los grupos

Aunque el foco mediático se ha puesto esta vez en el mensaje que hacía alusión a «La Manada», Sánchez-Camacho ha denunciado haber recibido «una gran multitud de tuits insultantes, amenazantes y supremacistas, criticando y echándome de Cataluña, insultándome por mi condición de catalana».

A la espera de que el PP inicie el diálogo con los grupos y se concrete la dirección de ese cambio normativo la tónica general del resto de partidos es la prudencia. Fuentes del Grupo Socialista advertían sobre el peligro de legislar en caliente y si bien compartían con Hernando la necesidad de que las situaciones de acoso que se producen en Twitter no sean toleradas, advertían de que no pueden servir de coartada para limitar el derecho a la libertad de expresión.

En línea parecida fuentes de Ciudadanos incidieron en que «como han dicho los expertos en diversas ocasiones, lo importante es lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y los delitos de incitación al odio». «Hay que entender las dificultades que entraña intentar controlar la identidad de las personas que participan en las redes sociales. Inés Arrimadas fue también insultada en septiembre de este año y ya debatimos este problema», recuerdan. Respecto a los delitos de odio, subrayan que Ciudadanos se ha posicionado «nítidamente» en la lucha contra ellos y recuerdan que ha presentado varias iniciativas en este sentido.

El PDECat, por su parte, dijo recibir la iniciativa del PP con «cautelas y desconfianza». «No se puede limitar la libertad de expresión y empezar una caza de brujas contra la sátira y la crítica», advirtieron fuentes de este grupo parlamentario. Y ERC expresó su oposición al provenir la iniciativa del PP. «Nos da grima todo lo que tiene que ver con el PP y limitar la libertad de expresión» aseguró ante la Puerta de los Leones el portavoz adjunto del grupo, Gabriel Rufián. A su juicio, los populares buscan «censurar» y aunque expresó su condena ante cualquier ataque o delito de incitación al odio en las redes sociales, vino a restar importancia al mensaje dirigido a Sánchez-Camacho asegurando que él y su grupo reciben coacciones «diariamente y no tienen tanta repercusión».

ABC