ACATAR LA LEY EXIGE RENUNCIAR A LA VÍA UNILATERAL

El ex vicepresidente de la Generalitat seguirá en prisión provisional. Por unanimidad, los tres magistrados de la Sala de Recursos del Tribunal Supremo rechazaron ayer la petición de Oriol Junqueras de quedar en libertad, lo que supone confirmar la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, quien el pasado 4 de diciembre decidió mantener encarcelado al presidente de ERC. El Alto Tribunal sostiene que hay indicios de que ha cometido delitos de rebelión, sedición y malversación, y defiende que existe un riesgo relevante de reiteración delictiva.

Los magistrados, cuya resolución ratifica los argumentos sostenidos por la acusación popular y la Fiscalía, señalan que “no existe ningún dato relevante que indique que el recurrente ha abandonado su pretensión de alcanzar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral acompañada de movilizaciones populares que obliguen al Estado a aceptarla, con los consiguientes riesgos de que se produzcan nuevamente episodios de violencia o tumultos”. Esto significa que el proyecto político del ex número dos del Govern subsiste y que no se ha producido una renuncia explícita a defender la independencia fuera de la senda de la legalidad, lo que constituyen razones fundadas para justificar su permanencia en prisión.

En un exhaustivo y contundente auto, el Supremo recuerda que Junqueras no se limitó a defender desde posiciones teóricas la independencia, sino que acudió a “vías de hecho” para alcanzar la desconexión. Es verdad que el Supremo admite que Junqueras no ejecutó ningún acto violento ni dio órdenes expresas en este sentido. Sin embargo, el Alto Tribunal ratifica que, indiciariamente, su actuación sí puede encuadrarse en los delitos de los que se le acusan por pretender la secesión “fuera de cualquier vía de Derecho y anunciando la firme voluntad de incumplir las decisiones del Constitucional, incitando a sus partidarios a movilizarse en la calle y forzar al Estado a aceptar la independencia”. Ello suponía “asumir previsibles y altamente probables episodios de violencia”. Episodios que se materializaron tanto en los actos de violencia de septiembre delante de la Consejería de Economía como en el llamamiento a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La realidad es que, tal como recoge el auto, Junqueras no ha ofrecido el mínimo indicio de haber abandonado la hoja de ruta que llevó al Govern a enfrentarse con el Estado. Los magistrados acreditan que la apuesta por el diálogo de la que Junqueras ha hecho gala se refiere exclusivamente a la forma en la que el Estado pudiera prestarse a reconocer la independencia. Este trágala bilateral es sobre el que ha pivotado la falaz disposición a la negociación por parte del Govern destituido. Y, en la medida que Junqueras sigue sin renunciar a estas condiciones, y por tanto en última instancia a la idea de declaración unilateral, resulta razonable apreciar un riesgo relevante de reiteración delictiva.

La Justicia no está cercenando el derecho de Junqueras a defender sus ideas políticas, por mucho que el independentismo agite el mendaz latiguillo de preso político. Lo que hace es evitar que lo haga fuera de los cauces legales. Y tampoco se ha lesionado su derecho a participar en el proceso político. Primero porque Junqueras ya estaba encausado cuando concurrió a los comicios y segundo porque el ejercicio de cargos políticos no supone impunidad.

Al margen del jeroglífico al que se enfrenta el independentismo a la hora de formar Gobierno, huelga cualquier consideración política a la hora de valorar el mantenimiento entre rejas de Junqueras. España es un Estado de derecho consolidado. El ex vicepresidente de la Generalitat puede seguir aferrado a subterfugios de carácter místico o continuar apelando a su condición de “hombre de paz”. Si quiere recobrar la libertad, la única vía jurídica es el acatamiento taxativo de la legalidad.

El Mundo