Esta semana será crucial para el futuro del poder judicial más desprestigiado de las últimas décadas y para el deterioro institucional que viene sufriendo el Tribunal Constitucional por el acoso partidista del que es víctima, por su politización y por el afán del Gobierno de controlarlo.

La estrategia del presidente del Gobierno en ese sentido es una trampa. Meses atrás forzó una reforma legal que impedía al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos determinantes en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, y tal bloqueo persiste.

Sin embargo, como su afán es alterar la mayoría actualmente conservadora del Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez sí ha modificado de nuevo esa ley para autorizar al CGPJ a realizar únicamente los dos nombramientos del TC que le corresponden, lo cual es un trágala inasumible para el normal funcionamiento de las instituciones y un manoseo de la cúpula judicial.

El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, está ante una disyuntiva diabólica: la de mostrarse sumiso al Gobierno para cumplir una ley que aún se desconoce si es constitucional o no (sigue en debate en el propio TC), o la de afrontar una negativa de vocales para que no exista el ‘quorum’ mínimo de tres quintos para forzar esos nombramientos.

Y todo, basado en la pretensión de Sánchez de no desbloquear todas las designaciones de nuevos jueces que necesita el sistema judicial, sino solo las dos que le convienen para alterar la mayoría vigente del TC y tratar de garantizarse así la constitucionalidad de todas sus normas en discusión.

En este contexto, Sánchez lleva meses avanzando un discurso falso y victimista, según el cual la Justicia es de derechas y se está rebelando contra la propia democracia. Es cierto que el CGPJ lleva casi cuatro años sin ser renovado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, lo cual es una anomalía institucional, pero también lo es que si alguien está vetando que se cubran vacantes determinantes en nuestros tribunales es Pedro Sánchez.

De momento, la presidencia de siete tribunales superiores sigue sin cubrirse, el Supremo necesita renovar a catorce magistrados, y lo mismo ocurre con la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y con una veintena de jefaturas en las Audiencias Provinciales. Este es el diagnóstico de la parálisis.

En realidad todo parte de una premisa discursiva chantajista al Poder Judicial por parte del Gobierno. Sánchez tiene razón cuando argumenta que de las cuatro plazas pendientes de renovar en el TC, tres deben ser progresistas, una a cuenta del CGPJ (la otra sería de corte conservador), y dos deben ser designadas directamente por el Gobierno, sin consultar nada con nadie.

Es la ley, así ocurre desde 1981, y es legítimo que el Ejecutivo exija que no haya bloqueos por parte del PP. Pero en los modos y maneras de Sánchez, con una notoria invasión de las propias competencias del Poder Judicial, hay mucho de autoritario, y el descrédito se multiplica.

Cuando el CGPJ se someta el próximo jueves a las formas con que Sánchez aborda esta renovación, no actuará solo por criterios de legalidad, que es lo que se pretende presentar a la opinión pública, sino de sumisión y dependencia. Es decir, coaccionado. Nunca antes ningún Gobierno había impuesto por decreto una fecha al Poder Judicial como ultimátum para cumplir sus deseos.

A día de hoy no existe en el CGPJ el mínimo de tres quintos de vocales para asegurar los nombramientos. Hasta ahora, siempre, los cambalaches entre partidos y vocales han ido lastrando la imagen de la Justicia hasta hundirla.

Por eso conviene apelar de una vez por todas a la normalidad institucional y al respeto del debate para disponer del mejor TC posible, y no del más politizado al servicio de Sánchez. Cabe invocar el diálogo y el acuerdo sin imposiciones del Ejecutivo porque lo contrario sería permitir que con un legalismo forzado del Gobierno se manipule la auténtica función del CGPJ.

Las instituciones han de permanecer al margen de toda sospecha de rebeldía. Pero si esta semana fracasase la maniobra de Sánchez, no será ninguna sorpresa ni una afrenta de desleales manejados por una derecha antidemocrática que se encastilla. Será solo una muestra de independencia de criterio de los vocales, también por cierto cumpliendo la ley.

El descrédito no puede ir más allá y muestra de ello es que hay magistrados de prestigio, a izquierda y derecha, que se están negando a entrar en el TC para no someterse al juego partidista. Hay que preguntarse por qué. Y la única razón es su rechazo a participar de un mayor emponzoñamiento de la Justicia a las órdenes de los partidos y, en este caso, del Gobierno.

ABC