ACOSO VERGONZOSO A LA JUSTICIA

El Tribunal Supremo ha dado por finalizada la investigación del golpe de octubre y ha ordenado la apertura de juicio oral a los 18 procesados. Pero mientras la Justicia hace su trabajo, el Ejecutivo está tratando de acosarlo por descarnado interés político. No se puede extraer otra conclusión del análisis de los últimos movimientos, desde la visita a la cárcel de Lledoners de Pablo Iglesias -de donde salió con un mensaje obsceno, de tan evidente: «Ahora le toca moverse al Gobierno»- hasta las incontables manifestaciones de dirigentes socialistas y ministros en contra de la calificación penal decidida por el Supremo: el delito de rebelión.

El mismo presidente del Gobierno apeló a Federico Trillo para justificar su cambio de postura, pues si en la oposición abogaba por la actualización del delito de rebelión que cubriera las modalidades golpistas ajenas al componente militar, no exhibe la misma contundencia ahora que ocupa La Moncloa gracias entre otros a los dos partidos que perpetraron la agresión al Estado de derecho y a la unidad.

Digámoslo con claridad. Estamos ante una operación política en la que participan todos los partidos que colaboraron en la moción de censura, con el PSOE a la cabeza. El partido que más años acumula al frente del Gobierno en democracia ha dado numerosas muestras en el pasado de no sentir demasiado respeto por la separación de poderes, del mismo modo que también el PP ha tratado de manejar a los jueces en su beneficio, y este periódico los ha criticado a ambos en tales circunstancias.

Pero no hay precedentes de lo que está ocurriendo: que el partido del Gobierno se alíe con los enemigos declarados del Estado para pactar, a cambio de poder presente y futuro, la impunidad de una intentona cuya gravedad se explica rápido: de haber fructificado, la España que conocemos habría desaparecido. Si no sucedió fue porque un puñado de jueces no se avino a enjuagues. Por eso el indulto no sería solo una humillación histórica: también el mejor acicate para otro golpe. Esto explica que el Supremo estalle contra las presiones ejercidas del Gobierno y advierta que «se está asimilando como normal la destrucción del Estado de derecho».

Puesto que la Fiscalía se ha negado hasta la fecha a someterse al plan del Ejecutivo, Sánchez trata ahora de maniobrar con la Abogacía del Estado para que apoye la calificación de sedición, algo más benévola, junto con la malversación. Un gesto como el que Iglesias reclamaba y que Joan Tardà exigía como precio del respaldo de ERC a los Presupuestos. No se podrá decir de Sánchez que no hizo lo posible por aliviar el horizonte penal de los golpistas a cambio de seguir de presidente. Busca cimentar una coalición de fuerzas nacionalistas y populistas bajo el estandarte de una izquierda presunta que acordone al centroderecha en la oposición al precio de degradar las instituciones.

El Mundo