El ‘yo acuso’ de la testigo clave de los ERE

Seis meses después de que arrancara el juicio por la llamada pieza política del caso ERE, han bastado apenas diez horas para poner contra las cuerdas a los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía que se sientan -junto a otros 20 ex altos cargos- en el banquillo de los acusados.

Una sola persona, una ex asesora de la Dirección General de Trabajo, ha sido capaz de protagonizar un vuelco en el proceso y, con su testimonio, poner al descubierto no sólo el caos que presidía la tramitación y concesión de las ayudas fraudulentas, sino también el conocimiento y la participación activa de muchos de los encausados. Entre ellos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que María José Rofa ha señalado en estos tres días de interrogatorio -desde el lunes y hasta este miércoles- con contundencia, sin dudas y con pruebas que, cuanto menos, han hecho temblar los cimientos de sus defensas.

Rofa se ha ganado a pulso en estos días el apelativo de testigo clave del caso ERE. Su posición privilegiada como personal de confianza de los dos directores generales de Trabajo que sucedieron a Francisco Javier Guerrero y la tarea que éstos le encomendaron de poner en orden y revisar los expedientes de regulación de empleo y las ayudas a empresas en crisis han convertido a la ex asesora en una de las personas con más conocimiento de lo que sucedió en los despachos donde se creó y gestionó el ‘fondo de reptiles’ del que se pagaban las ayudas y a través del cual se saquearon, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, 741 millones de euros.

Empezó el lunes contando ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla la caótica situación en la que estaban los expedientes cuando ella llegó a la Dirección de Trabajo de la mano de Juan Márquez y cómo el descontrol llegaba hasta el extremo de que no sabían ni siquiera el dinero que se había pagado o el que quedaba por pagar. Y terminó este miércoles reiterando las acusaciones que ya había lanzado el martes contra Chaves y Griñán, que, de acuerdo con su testimonio, estaban al tanto de lo que sucedía con los ERE y, más aún, tomaron decisiones respecto a su concesión.

En poco más de diez horas, las que ha durado su declaración ante los tres magistrados que deben juzgar el caso, María José Rofa ha entonado el ‘yo acuso’ más demoledor de todos los que se han escuchado en estos meses en la sala de vistas en la que se celebra el juicio por la pieza principal del mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Andalucía.

Lo que ha desvelado la testigo clave del caso ERE se puede resumir en este decálogo de acusaciones:

  1. Chaves y Griñán lo sabían todo y más. Rofa cerró ayer su declaración ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle insistiendo en que los ex presidentes de la Junta que precedieron a Susana Díaz no sólo recibían «información puntual» de la gestión de los ERE, sino que recibían un «flujo de información continuada» sobre las ayudas que se daba desde la Dirección General de Trabajo. Ella misma, contó el martes y repitió este miércoles, redactó muchos de los informes, algunos de ellos muy extensos y detallados, que se enviaron a la Presidencia de la Junta.
  2. Decisiones desde «arriba». Pero Rofa no sólo ha acusado a los ex presidentes de conocer lo que sucedía en las oficinas de Guerrero. Asimismo, la ex asesora ha contado que desde la misma Presidencia de la Junta de Andalucía se tomaban decisiones sobre la concesión y el pago de las ayudas, que en no pocas ocasiones el director general de Trabajo era el último que se enteraba de la aprobación de estas ayudas.
  3. El papel de los consejeros. Además a los ex presidentes, su testimonio implica a un buen puñado de ex consejeros de los gobiernos de Chaves y Griñán, quienes también desempeñaron un papel protagonista en muchos de los procedimientos de adjudicación de ayudas, cada cual en relación a los casos que afectaban a sus provincias de origen. Así, Rofa apuntó al ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías por el ERE de Primayor y a la ex consejera de Medio Ambiente Cinta Castillo (ya fallecida) por el ERE de Fertiberia.
  4. ¿Susana Díaz también estaba al tanto?. La ex asesora de la Dirección General de Trabajo no la ha llegado a mencionar con nombre y apellidos, pero alguna de sus acusaciones la afectan directamente. Sobre todo una relacionada con la llamada que le hizo en noviembre de 2010 el parlamentario del PSOE de Sevilla Ramón Díaz Alcaraz, quien también trabajó en la Consejería de Empleo. Rofa relató que Díaz Alcaraz la llamó para amenazarla y que no actuaba como «un compañero», más bien en nombre del PSOE de Sevilla, del que por aquel entonces era secretaria general la hoy presidenta de la Junta.
  5. Expedientes sin norma y sin orden. Un caos. Así describió la situación en la que se encontró los expedientes de las ayudas en la Dirección General de Trabajo cuando empezó a trabajar allí de la mano de Juan Márquez, quien sustituyó a Javier Guerrero. Los expedientes estaban incompletos, ninguno de ellos tenía memoria justificativa ni solicitud y en muchos de ellos sólo había fotocopias o notas de reuniones. Asimismo, confirmó que no hubo normativa ni control en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
  6. Documentación manipulada. Entre las acusaciones más graves que ha hecho esta testigo está la de que los expedientes de las ayudas fueron manipulados o «reconstruidos» antes de ser remitidos al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investigó con la juez Mercedes Alaya al frente los ERE. La documentación que llegó al juzgado tenía poco que ver con la que Rofa manejó en la Consejería de Empleo, se le habían añadido papeles y quitado otros, sobre todo los concernientes a las órdenes de los directores generales. Asimismo, el segundo director general para el que trabajó, Daniel Rivera, habría ordenado quitar las órdenes de pago del expediente de Mercasevilla que le pidió la juez
  7. Decisiones desde «arriba». Pero Rofa no sólo ha acusado a los ex presidentes de conocer lo que sucedía en las oficinas de Guerrero. Asimismo, la ex asesora ha contado que desde la misma Presidencia de la Junta de Andalucía se tomaban decisiones sobre la concesión y el pago de las ayudas, que en no pocas ocasiones el director general de Trabajo era el último que se enteraba de la aprobación de estas ayudas.
  8. La información, bajo llave y en un pen. Daniel Rivera han sido uno de los grandes damnificados por la declaración de esta testigo. Él fue el que, a instancias del ex consejero de Empleo Manuel Recio -que fue desimputado de la causa- ordenó la revisión de los expedientes durante un fin de semana del mes de noviembre y quien, según Rofa, dio instrucciones de elaborar informes que prohibió grabar en el servidor y que se llevó él en un pendrive. Además, los expedientes que se revisaron en aquellas 48 horas quedaron guardados bajo llave en una sala de juntas a la que él y pocos más tenían acceso.
  9. Amenazas María José Rofa no sólo ha sido la testigo más contundente a su paso por la sala de vistas. A lo largo de la instrucción judicial su colaboración ha sido clave para que la UCO y la juez Alaya pudieran desentrañar la trama corrupta de los ERE y así lo reconoce la magistrada en algunas de sus resoluciones. La ex asesora entregó ingente documentación a los investigadores de la Guardia Civil que ha sido esencial. Ella intentó, señala Alaya en uno de sus autos, poner orden y propuso cambiar los mecanismos, aunque con ningún resultado. Al final de su etapa en la Dirección de Trabajo, cuando ya no era persona de confianza, recibió amenazas y presiones de sus superiores. Daniel Rivera, en concreto, ha contado estos días, la amenazó directamente y la insultó.
  10. Guerrero no se escapa. Aunque el ex director general se enteraba el último de algunas de las ayudas, el relato de Rofa no exculpa ni mucho menos al considerado el principal imputado en la causa. Francisco Javier Guerrero, quien se jactaba según si chófer de dar las ayudas a discreción, era el gran responsable del programa de ayudas y también del descontrol y la falta de legalidad de las mismas de acuerdo a la ex asesora, que le ha vinculado directamente con la aparición de intrusos en los ERE. Chema Rodriguez ( El Mundo)