ALARMA EN EL REINO DE LA MENTIRA

Resultaría increíble en cualquier democracia la impunidad con la que se puede gobernar mintiendo en España. Aquí hemos vivido durante seis semanas en un estado de alarma justificado por la incompetencia del Gobierno para afrontar una crisis sanitaria que países como Alemania, Portugal y Grecia -que por si la vicepresidenta Ribera no lo sabe, éste último está una mijita más el Este que España- han resuelto con muchísimos menos muertos, infectados y restricciones de las libertades.

El Gobierno y sus corales propagandísticas se han dedicado en los últimos días a explicar que la única razón del estado de alarma y su necesaria prolongación es para garantizar vidas humanas y empleos.

Por supuesto ocultan que el ordenamiento público en transportes, comercios y hostelería se puede regular exactamente igual a partir de la Ley General de Salud Pública del 4 de octubre de 2011 y la Ley de Seguridad Nacional del 28 de septiembre de 2015.

Y qué decir de los tan elogiados ERTE que el Gobierno amenaza con finiquitar si no hay estado de alarma. Esos ERTE son fruto del Real Decreto de Medidas Urgentes para la reforma del Mercado Laboral del 10 de febrero de 2012 que hizo Fátima Báñez y se han empleado hasta para la quema de la fábrica de chorizos de Campofrío en Burgos.

Son para situaciones de fuerza mayor, que según nuestra legislación son hechos, circunstancias o acontecimientos imprevisibles o inevitables. Y el coronavirus encaja perfectamente en esa descripción sin necesidad de estado de alarma.

Pero lo peor de esta situación no es eso. Es cómo están empleando el estado de alarma para encubrir su socavamiento del Estado de Derecho. El pasado sábado, en pleno puente y en día de fiesta en Madrid, el BOE publicó a instancias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática una resolución «por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal».

En el apartado tres, «Casos especiales de empadronamiento», que aparece en la página 31019, se establece: «Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio.

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.

En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.

«Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción.

En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección». Este sistema de poder empadronar a alguien sin tener ni un domicilio ya está inventado.

Lo empleó Hugo Chávez en Venezuela para alterar mayorías electorales contrarias en diferentes localidades. Aquí se han valido del estado de alarma para colarlo aprovechando que las Cortes están, en la práctica cerradas.

¿Qué no más harán si hoy se mantiene ese estado de alarma?

Ramón Pérez-Maura ( ABC )

viñeta de Linda Galmor