El Tribunal Superior de Justicia de Madrid hundió ayer, por abusiva con el derecho fundamental de circulación de las personas, la maniobra de Illa para mantener «cerrada» Madrid durante dos semanas. Días atrás, Illa impuso su criterio de forma arbitraria en el Consejo Interterritorial de Salud, pero ahora los jueces dan la razón jurídica, y también un balón de oxígeno político, a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso.

La decisión fue una desagradable sorpresa para el Gobierno de Sánchez y para su aparato de propaganda ideológica porque nadie en La Moncloa preveía esta bofetada judicial. Por un lado, los jueces sostienen que es factible decretar el cierre de una autonomía, e incluso restringir derechos fundamentales de los ciudadanos para proteger la salud pública, siempre que la legislación «habilite» las previsiones jurídicas necesarias.

Pues ni la orden ministerial de Illa, ni el decreto de «nueva normalización» aprobado por Sánchez en junio, establecen una sola previsión jurídica que avale un cerrojazo como el ordenado para los madrileños. Los jueces son taxativos.

Para sobreponer el derecho de protección de la salud sobre otras libertades esenciales hace falta que el Gobierno lleve al Congreso, y logre aprobar, la normativa que lo justifique. Pero Sánchez jamás lo ha hecho.

Simplemente se jactó de dar por superada la pandemia, animó a los españoles a «disfrutar de la nueva normalidad» en vacaciones, declinó en las autonomías cualquier responsabilidad de lo que ocurriese, y no previó normas contra futuros rebrotes. Ahora los jueces censuran las consecuencias de tanta soberbia política.

Sánchez es culpable del marasmo legislativo que está confundiendo a autonomías como la madrileña. Es responsable del caos interpretativo al que su autoritarismo está sometiendo a los Tribunales, y es el causante de la incertidumbre que indigna a los ciudadanos.

Más allá de los evidentes errores de unos y otros en la gestión de la pandemia, a La Moncloa le han podido las ansias en su pulso con la Comunidad de Madrid y sus enredos para maquinar una moción de censura contra Ayuso.

Es cierto que el Gobierno madrileño ha contribuido a aumentar la confusión en las últimas semanas de forma preocupante, pero el resultado jurídico de sus quejas contra el intervencionismo de Illa le ha proporcionado un triunfo moral: ni el ministro de Sanidad puede imponer a capricho una parálisis de Madrid, ni Sánchez ha cumplido con su compromiso de aprobar leyes eficaces.

Su truco para imponer una alarma virtual, e ilegal, ha quedado al descubierto. Las restricciones en Madrid son necesarias y la protección del ciudadano debe ser innegociable. Por eso, cuanto antes se sienten a negociar sin aspavientos ni sobreactuaciones, sin acusaciones mutuas ni deslealtad política, antes sabrá el ciudadano a qué atenerse.

De momento, sigue a ciegas.

ABC