De manera inopinada, el presidente de la CEOE decidió ayer brindar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en la antijurídica pretensión de perdonar los delitos de sedición a los golpistas del procés, una decisión no justificada salvo por el interés personal de Sánchez.

Aunque Antonio Garamendi quiso matizar luego sus declaraciones en TVE -donde afirmó que «si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos»-, lo cierto es que hizo suyos los argumentos del Gobierno -con el que aún tiene varias negociaciones pendientes- al recordar que se trata de una potestad del Ejecutivo y que «forman parte del Estado de derecho».

De esta forma, Garamendi situaba a la patronal -pese a que reconoció que en la CEOE no existe una posición unitaria- en línea con los empresarios catalanes, que a través de los presidentes del Círculo de Economía, Javier Faus, y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han defendido la pertinencia de la medida de gracia en aras de una supuesta normalización de relaciones entre la Generalitat y el Gobierno.

Habría que preguntarse qué entienden los representantes de la burguesía catalana por normalizar las relaciones con unos líderes políticos que han reconocido que no se arrepienten del golpe institucional del 1-O y han anunciado su intención de volver a repetirlo.

En este sentido, es de valorar la solidez y la firmeza demostrada por Pablo Casado, que no dudó en contradecir ayer a los líderes patronales de Cataluña, en la segunda jornada de la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona, y recordarles que los indultos son «concesiones vergonzosas» que solo van a «traer frustración», ya que «el nacionalismo es insaciable» y con él no valen las estrategias de apaciguamiento.

Además, como reconoció el propio Garamendi, es probable que la concesión de los indultos no sirva para nada. La experiencia reciente demuestra que es ingenuo pensar que el separatismo está dispuesto a negociar otra cosa que no sea la celebración de un referéndum y la construcción de una república.

O que la foto que finalmente Pere Aragonès accedió a hacerse con el Rey Felipe VI es la prueba de la voluntad de diálogo de ERC, ya que en realidad fue más una deferencia con el presidente coreano que con el jefe del Estado español. Como acordó con Puigdemont y con las CUP, el objetivo del president es avanzar hacia la ruptura del orden constitucional.

Sorprendió también ayer el respaldo de la Iglesia catalana a los indultos. En un comunicado de las diez diócesis de Cataluña, los obispos defienden que para resolver «las situaciones de conflicto» se «necesita algo más que la aplicación de la ley», por lo que piden «avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón sinceros».

De esta forma, Sánchez se encontró ayer con el inesperado respaldo de una parte de la Iglesia y de las principales asociaciones de empresarios, que han decidido ponerse al lado del Gobierno en la aplicación de una medida de gracia que desautoriza al TS. Se constata así la alarmante red de apoyos -¿clientes?- que está logrando el Gobierno en su blanqueo del separatismo.

El Mundo