ALEMANIA, OBLIGADA A ENTREGAR A PUIGDEMONT POR REBELIÓN

A pesar de que la malversación figura, como «corrupción», en el catálogo de los 32 delitos del art. 2.1 DM 2002/584/JAI, y así lo reconoce también el OLG SH, éste, para acabar de arreglarlo, se descuelga ahora con que requiere ulterior información para poder comprobar si Puigdemont ha cometido o no ese delito, del que el ex president tendrá, naturalmente, todas las oportunidades de defenderse en un juicio que se celebre con todas las garantías en el Estado de Derecho que es España

. Que existen indicios de criminalidad de la comisión de ese delito está más que motivado en el auto de 69 páginas del juez Llanera. Que tres magistrados regionales alemanes se atrevan a pedir esa información a todo un magistrado de Tribunal Supremo de España, que, con dedicación exclusiva, ha estado instruyendo la causa durante muchos meses, me parece, para decirlo suavemente, una falta de respeto, incompatible con el “grado de confianza elevado entre Estados Miembros” al que se refiere el Preámbulo de la DM 2002/584/JAI, lo que ha provocado la justificada protesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -el órgano judicial que en España entiende de las euroordenes- que ha manifestado que esa Fiscalía “es respetuosa para con el espíritu que debe presidir las órdenes europeas de detención” y que “en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes”.

Resumen: Alemania está obligada a entregar a Puigdemont a España por los delitos de rebelión y de malversación. Y si España tiene sus dudas sobre si Alemania va a cumplir con esa obligación, debería plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, máximo y vinculante intérprete de la legislación de la UE y, consiguientemente, también de las Decisiones Marco, para que este Tribunal resuelva cuál es el alcance de la euroorden.

Enrique Gimbernat ( El Mundo )