Después de despedir 2020 con una pantomima de rendición de cuentas, la verdadera pulsión de Sánchez por la opacidad ha vuelto a revelarse en la orden dada a la Abogacía del Estado para que recurra la sentencia que le obliga a informar a ABC sobre los vuelos presidenciales en el ya famoso Falcon.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenó a la presidencia del Gobierno que atendiera la petición de ABC de informar sobre los vuelos de Pedro Sánchez. La confusión entre lo público y lo privado es, al menos, una sospecha fundada sobre el uso de una aeronave del Estado.

Por eso, ABC se acogió a la normativa sobre transparencia, a una ley que obliga al Gobierno a informar, al margen de sus artificios de propaganda. El silencio por respuesta de La Moncloa dio lugar a una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que condenó a Presidencia del Gobierno a facilitar los datos negados a ABC.

Lo correcto en un sistema democrático sería que el presidente del Gobierno acatara la resolución judicial y no usara a la Abogacía del Estado para combatir la decisión de un tribunal que aplica la ley de transparencia de las administraciones públicas.

Sánchez pierde una oportunidad de aceptar las reglas del juego democrático, especialmente la de respetar a la opinión pública y la libertad de información en la que se apoya. No se trata de que a Sánchez le guste o no dar explicaciones. Esto es irrelevante. Simplemente debe darlas.

Lo que importa es que es el presidente del Gobierno está usando dudosamente un bien público -el Falcon de las Fuerzas Aéreas- y se ha revuelto contra una decisión judicial. Una vez más, Sánchez, contra los fundamentos de la democracia: la prensa, la opinión pública y el poder judicial. Los argumentos que esgrime la Abogacía del Estado en su recurso contra la sentencia son, sencillamente, sonrojantes.

Aunque sea verdad, el servicio jurídico del Estado no puede decir a un tribunal de justicia que se desconocen los vuelos privados del presidente del Gobierno. Sánchez debe ser el único presidente de Gobierno que se desplaza en avión sin plan de vuelo y sin dispositivo previo de seguridad, sin identificación de acompañantes y sin dejar rastro del motivo de su viaje.

Si es así, en La Moncloa hay más incompetentes de lo que parece a simple vista. Y si no es así, entonces la Abogacía del Estado está mintiendo a la Audiencia Nacional. Si hay razones de seguridad es seguro que los registros de vuelo discriminarán los desplazamientos oficiales de los privados, y es seguro que el órgano competente habrá calificado como secreto oficial a aquellos vuelos que realmente lo merezcan. Pero la declaración de secreto oficial es algo muy serio y no está prevista para tapar la boca a la prensa o hacer trampas a los jueces.

ABC no pretende información que ponga en riesgo al presidente del Gobierno, ni comprometa la seguridad nacional, pero si ha habido vuelos privados, con motivos y acompañantes ajenos a las funciones públicas de la jefatura del Ejecutivo, esa información debe ser pública.

La ejemplaridad y la transparencia se practican, no se predican. Los medios materiales puestos a disposición de la presidencia del Gobierno solo deben servir a los fines de la presidencia del Gobierno, no a los particulares de quien en cada momento viva en La Moncloa.

La alergia de Sánchez a informar sobre sus vuelos en el Falcon es un vivero de sospechas. Se equivoca con su estrategia de enroque, porque si nada tiene que ocultar está perdiendo la ocasión de ser el líder democrático que vende su propaganda y desmiente su propia realidad.

ABC