Por más vueltas que se le dé, no hay por dónde coger el nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo para requisar el dinero ahorrado por los consistorios. La medida castiga a todos. A los que han hecho bien sus deberes y han llegado a esta crisis con remanente y a los que no se han esforzado por cuadrar sus cuentas y se encuentran en números rojos.

A los primeros se les cambia el superávit por un préstamo a diez años por un módico tipo de interés. A los segundos se les deja fuera del paquete de ayudas a fondo perdido (5.000 millones). En unos y otros hay alcaldes de todo signo político: PSOE, PP, Vox, Podemos, Ciudadanos, regionalistas, independentistas y soberanistas. Y la medida escuece especialmente a socios del Gobierno como el PNV o ERC por su especial perfil territorial.

¿Qué razón puede ser tan poderosa como para que un gobierno en minoría decida enfurecer a todos los grupos políticos? ¿Cuál es el motivo para arriesgarse a una medida que, obviamente, corre el riesgo de ser tumbada en el Congreso de los Diputados?

La explicación que justificaría una operación así es, lisa y llanamente, que el Estado no tiene un euro y necesita liquidez. Pero solo hay que echar un vistazo a las emisiones de deuda pública para ver que el Tesoro la está colocando sin problemas y a precios tirados gracias a la intervención del Banco Central Europeo.

Así pues, ¿qué nos oculta el Gobierno acerca del futuro de la situación económica? Algo -y no precisamente bueno- está anticipando que no está comunicando al resto del país.

La pista podría estar en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre la falta de competencias del Banco Central Europeo. La institución germana concluyó en mayo que el programa de compra de deuda no es proporcional y prohibió al Bundesbank que participara en el mismo.

Parecía que la tormenta había amainado por la falta de jurisdicción de los tribunales alemanes sobre el BCE pero lo cierto es que Nadia Calviño cambia el gesto y contesta con una larga cambiada cada vez que se le pregunta si Christine Lagarde va a introducir cambios que eleven el coste de la deuda española.

Y si algo deja claro la confiscación del superávit de los ayuntamientos es que el Gobierno está intentando asegurarse liquidez al margen de Fráncfort. En medio de este panorama, al socio del Gobierno, Podemos, no se le ocurre otra cosa que abogar por conceptos tan poco tranquilizadores para los mercados como deuda perpetua o condonación.

Son, según Txema Guijarro, las «únicas ideas que nos van a sacar de aquí». Estupendo. Si quienes nos prestan oyen estos mensajes seguro que nos dan menos crédito y más caro.

¿A qué va a dedicar el Gobierno los 15.000 millones requisados a los ayuntamientos? Hacienda no puede argumentar que ese dinero estará mejor gestionado en sus manos puesto que los consistorios fueron la única Administración Pública que cerró 2019 con superávit.

El mínimo ejercicio de transparencia implica que el Ejecutivo revele qué va a hacer con esos fondos que el Congreso recomendó que fueran utilizados por los ayuntamientos para hacer frente a los gastos generados por el Covid-19. ¿O acaso hay algo más importante que prestar asistencia a los ciudadanos y autónomos más golpeados por la pandemia? Si es así, el Ejecutivo no puede seguir ocultándolo.

El lema de que lo peor ha quedado atrás parece una falacia cada día mayor.

Ana I. Sánchez ( ABC )