Las amenazas lanzadas por el secretario de Organización de Podemos para promover escraches callejeros contra el Rey, empresarios y periodistas incómodos, demuestran por qué jamás debió ser un partido de gobierno. Durante las últimas semanas, Pablo Iglesias e Irene Montero son objeto cotidiano de protestas ciudadanas junto a su domicilio, e incluso durante sus vacaciones en Asturias, según afirman.

Por eso, Podemos se descuelga ahora con unas declaraciones desafiantes y reveladoras de hasta qué punto la extrema izquierda se maneja con una recalcitrante doble vara de medir: si persisten las coacciones a Iglesias y Montero, otros personajes públicos señalados por Podemos deberán prepararse.

Es inaudito que un partido con responsabilidades gubernamentales intimide en esos términos, y lo mismo puede decirse de Alberto Garzón, ministro de Consumo, que ayer sostuvo, vulnerando la presunción de inocencia, que «Juan Carlos I ha robado a mansalva porque la institución lo permitía».

Con ministros así, es absurdo que Sánchez, principal valedor de Iglesias, pretenda convencernos de que el PSOE no está liderando una regresión democrática.

Con los escraches, Podemos quiere patente de corso. Antes, era válido «asaltar» el Congreso y «guillotinar» a la Familia Real. Antes era legítimo escupir a Cristina Cifuentes o a Begoña Villacís, increpar y acorralar a Cayetana Álvarez de Toledo, o insultar a Rosa Díez. Antes era un «ejercicio cívico de libertad» hostigar a Sáenz de Santamaría, o a tantos otros…

Ahora, esta nueva casta quiere pasar por intocable, pero Podemos se ha dado de bruces con la molesta realidad que ellos crearon. Con un matiz importante: ahora es un vicepresidente del Gobierno el que amenaza a sus gobernados, lo cual añade gravedad a su cinismo.

Nada justifica la persecución de cualquier político, pero ese era el arma que Podemos empleaba. Ahora su tono suena incluso a venganza mafiosa. A los reyes de la cacerola y de la falsa protesta pacífica les resulta ilegal que otros les imiten.

Pero no por la imitación en sí, sino por sectarismo ideológico. Iglesias propuso «normalizar» el insulto y el odio como parte esencial de la política, pero ahora que les roza a ellos, solo hay victimismo. Podemos es un partido de gobierno obligado a dar una imagen muy distante de estas amenazas de matón porque Europa nos mira, nos evalúa y nos fiscaliza.

Los escraches no son «jarabe democrático». Son un abuso. Pero lo cierto es que aún hoy la Justicia los avala, y bien que lo celebró Podemos en su momento pese a vulnerar derechos esenciales de quienes los sufren. Fue Irene Montero quien dijo que «a la política se viene llorado de casa”» Debería aplicárselo. El Gobierno no está para amenazar al Rey, a empresarios o a periodistas.

Y si Podemos lo ve así, es porque no van a cejar en su empeño de sangrar a la democracia.

ABC