España, mal que le pese al prevaricador, es una democracia que contempla y protege el ejercicio de derechos que no reconocen otros estados de la Unión Europea.

El origen de esa laxitud tiene que ver con el complejo que hemos arrastrado como país que tardó treinta y un años en llegar a un sistema de libertades después del final de la Segunda Guerra mundial, y también, como elemento positivo, con la gran oportunidad que tuvimos de hacer una Constitución más moderna y adaptada a los tiempos.

Tan es así que algunos países de nuestro entorno persiguen legalmente comportamientos políticos que atenten contra la Unidad del Estado o ataquen a sus instituciones y aquí en cambio se está dando categoría de normalidad a comportamientos juzgados y sentenciados por el Tribunal Supremo.

No tengo noticia de que, en otros países, políticos presos condenados por sedición y malversación de caudales públicos, puedan salir de la cárcel para hacer campaña electoral prometiendo que repetirán los delitos por los que fueron condenados, pero aquí en España cualquier supuesto se puede contemplar y en el caso de que las leyes no lo consideren, ya está el gobierno para actuar por la vía de la excepcionalidad en beneficio de los delincuentes.

Pero en algo se equivoca Pablo Iglesias cuando afirma que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas”, e insiste en decir que habla como vicepresidente del gobierno con la clara intención de implicar a todo el ejecutivo en el absurdo de reconocerse como una institución con déficits democráticos.

Si Pablo Iglesias fuese coherente, algo a lo que renuncio hace tiempo al convertirse en un símbolo macarra de lo que más dice odiar, dimitiría de su cargo para no ser cómplice de esa anomalía, pero si se va del gobierno el especialista en montar chiringuitos, cargos y sueldos para su familia y sus amigos perdería dinero e influencia, y a eso no está dispuesto.

La verdadera anomalía democrática es él porque como ciudadano y diputado tiene todo el derecho a decir y hacer todo lo que no contravenga las leyes vigentes, pero como vicepresidente del gobierno resulta al menos contradictorio, que se alíe con los que de forma explícita actúan contra la Constitución y las leyes.

Diego Amario