La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir siete diligencias de investigación relativas a otros siete contratos entre diversas empresas y la Administración del Estado para la recepción de ayudas y subvenciones por valor total de más de 326 millones de euros.

Las subvenciones fueron concedidas tanto durante la pandemia, para la adquisición por parte del Estado de mascarillas, guantes, batas, y diverso material sanitario, como fuera de la pandemia, en un contexto de ‘rescate’ de empresas en apuros.

Se trata de unas diligencias con origen en una denuncia del PP de Madrid después de que la izquierda –y hasta Pablo Casado- hayan señalado a Isabel Díaz Ayuso por el contrato con el que se vio beneficiado su hermano, como intermediario en una antigua operación de compra de mascarillas.

Díaz Ayuso ha sido acusada de promover la corrupción utilizando adjudicaciones de la Comunidad madrileña para beneficiar a su familia, y su respuesta fue la de denunciar estos siete contratos, que aluden a su vez a trece operaciones de las que ahora la Fiscalía examinará si tienen o no relevancia penal.

Dos de las empresas investigadas ya desde ayer por Anticorrupción tienen vinculación directa tanto con los padres de Pedro Sánchez como con el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño.

En una democracia funciona –o debería- la presunción de inocencia. Para los padres de Sánchez, para el marido de Calviño, pero desde luego también para Díaz Ayuso y su hermano. Eso es lo que la izquierda no tiene interiorizado, y por eso se lanza a campañas políticas y mediáticas con ánimo destructivo. Y con ellas, la presunción de inocencia desaparece en la práctica como derecho fundamental.

De igual modo, en una democracia no debería funcionar la ley del embudo, en virtud de la cual cualquier indagación penal a un dirigente de la derecha supone una condena preventiva por corrupción sin siquiera una imputación, y sin embargo, si esas mismas diligencias se abren contra la izquierda, todo se resume en una campaña de acoso injusto inventada por la derecha.

De momento, si los padres de Sánchez o el marido de Calviño son inocentes, también deben serlo Díaz Ayuso y su familiar. Sería la manera lógica de entender las cosas.

Y si la exigencia de responsabilidades políticas y públicas se utiliza por la izquierda, por ejemplo, para desacreditar a la presidenta madrileña, también debe ser lícito hacer lo propio con Sánchez o Calviño. ¿Alguno de los dos ha dado explicaciones? No. ¿Alguno de los dos se plantea dimitir? Tampoco. ¿Por qué entonces sí cabe la criminalización en sentido inverso?

La investigación de la Fiscalía no prejuzga nada, pero es obligado que Sánchez y Calviño den explicaciones públicas. Si tanto se les llena la boca de transparencia, ahora deben practicarla con urgencia.

La empresa Beedigital, en la que trabaja el cónyuge de Calviño, se hallaba en situación de pérdida patrimonial y en deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria cuando recibió ayudas del Ministerio de José Luis Escrivá en el marco del plan ‘Kit Digital’.

Debe investigarse tanto si hubo enchufismo y trato de favor como si es cierto que una empresa con deudas con la Seguridad Social recibió ayudas públicas pese a estar inhabilitada para ello. Lo mismo ocurre con Playbol, en la que tienen intereses los padres de Sánchez.

Recibió ayudas por valor de casi 70.000 euros en calidad de avales. Desde hoy puede decirse que Anticorrupción va a investigar a familiares de los dos principales exponentes del Gobierno. ¿Va a exigir alguien del PSOE o de Podemos su inmediata dimisión?.

Es el pernicioso doble rasero de siempre.

ABC