El Gobierno de Pedro Sánchez representa un ejemplo de contravalores democráticos, porque cultiva con esmero la opacidad frente a la opinión pública.

Tiene un empeño enfermizo en despreciar a ciudadanos y medios que se acogen a la ley de transparencia y buen gobierno y le piden información sobre decisiones relacionadas con la pandemia. Ha hecho del silencio, alternado con la mentira, un método de gobernar, en paralelo a un miedo mal disimulado a que queden al descubierto sus carencias en la dirección política del país durante la crisis sanitaria.

Basta revisar la página oficial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para confirmar que el Ejecutivo de Sánchez incurre en un sistemático incumplimiento de su obligación de atender las demandas de información que recibe a través del Portal de Transparencia.

No se trata de respuesta tardías o incompletas, sino de auténticas «calladas por respuesta» que incumplen el deber democrático de dar información a los ciudadanos sobre la gestión de los asuntos públicos.

ABC solicitó en catorce ocasiones información a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Sanidad y en todas ellas no recibió más que silencio como respuesta. Ahora el Consejo de Transparencia, vencido el plazo del Gobierno para responder, obliga al Ejecutivo a atender los requerimientos de este periódico, relacionados con aspectos esenciales de su política sobre la pandemia.

Es necesario saber qué datos e informes tenía el Gobierno sobre la extensión del virus en España antes del 8-M, qué medidas adoptó para la protección de los profesionales sanitarios, qué criterios utilizó para contabilizar los fallecidos por la pandemia, más aún tras conocerse los datos reales publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

No faltaron tampoco negativas a informar sobre los famosos expertos que asesoraban al Gobierno en unas medidas y en sus contrarias. En definitiva, se trataba de un ejercicio de la libertad de información, sin la cual la democracia carece de opinión pública y, por tanto, de un efectivo control sobre la actuación de un Gobierno.

Ahora que tanto se habla de las restricciones a los derechos y libertades fundamentales en países como Polonia y Hungría, conviene recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene a España en estado de alarma hasta el 9 de mayo, con un control parlamentario simbólico, mientras la coalición del PSOE con la extrema izquierda y los separatistas aprueba y promueve leyes esenciales para la sociedad -educación, poder judicial- sin apenas debate y como una imposición escondida en medio del fragor de la pandemia.

Si a esto se añaden ese siniestro artefacto del «ministerio de la verdad», el control de las redes para evitar críticas al Gobierno y el incumplimiento constante de la ley de Transparencia, cabe preguntarse si el Ejecutivo de Sánchez no está tiñendo España de chavismo, alejándola al mismo tiempo de los estándares propios de la democracia parlamentaria.

Estas apuestas del Gobierno de socialistas y comunistas por la clandestinidad no son episódicas ni anecdóticas. Representan una visión de cómo dirigir un país con pulsiones autoritarias, es decir, sin controles democráticos, sean estos los que representan el derecho del ciudadano a saber cómo se gestionan los asuntos públicos, la independencia de los tribunales de Justicia o la libertad de información que ampara los medios de comunicación.

El declive de la democracia española es preocupante, principalmente porque la impulsa el propio Gobierno, aprovechándose de que los ciudadanos se levantan y se acuestan pensando más en cuándo ganar la batalla contra el virus que en defender los beneficios de vivir en un Estado de Derecho.

ABC