El Ministerio de Sanidad ha hecho a Madrid un «traje a medida» para imponerle una serie de medidas restrictivas de actividades económicas y libertades personales más propias de un decreto de estado de alarma que de una mera resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad.

Lo que Salvador Illa quiere que haga Madrid ha salido de una mesa sectorial presidida por él, y con su voto, y el de una mayoría de gobiernos autonómicos. No es una decisión del Consejo de Ministros, ni del Parlamento, auditada por el control de los grupos parlamentarios y sometida tanto al ejercicio de responsabilidad política que implica el voto en el Congreso como al enjuiciamiento del TC.

La insuficiencia del rango jurídico de la decisión tomada por el Consejo Interterritorial de Sanidad se comprueba en la resolución del Ministerio de Sanidad publicada en el BOE de ayer. Además, la normativa de este órgano dice que sus acuerdos «se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso». Y las recomendaciones no son de obligado cumplimiento para quienes votan en contra.

Lo correcto es que el Gobierno de Sánchez asuma su responsabilidad con un estado de alarma. Que ponga los medios necesarios para aplicar las restricciones a Madrid. Pero el Gobierno ha decidido que lo suyo es confinar, prohibir y sancionar y que los riesgos de la «nueva normalidad» se endosen a las comunidades.

Es muy necesario que la resolución del Ministerio de Sanidad pase el filtro de los tribunales, porque el Estado de Derecho se está desdibujando en nuestro país de manera creciente. No es un simple debate jurídico. Ya ha pasado el tiempo de mirar a otro lado con cada decisión del Gobierno de Sánchez.

El Ejecutivo madrileño actúa correctamente al aceptar las medidas decididas por Sanidad, porque así gana legitimidad política para llevarlas a los tribunales. Pero debe judicializarlas, porque es necesario arrojar luz en la oscuridad que el Gobierno de Sánchez está arrojando sobre el Estado de Derecho.

Entre tanto, Madrid es el escenario de una obsesión política de la izquierda por desbancar a la derecha del Gobierno autonómico que ocupa por voluntad de los madrileños desde hace décadas.

Los súbitos cambios de criterios «técnicos» fijados por el Ministerio de Sanidad para marcar los territorios confinables -todos madrileños, casualmente- parecen responder al deseo político del Gobierno y de sus socios de impedir que Ayuso y su Ejecutivo salgan indemnes de esta segunda ola de la pandemia, más aún si se confirman los tibios datos que apuntan a una cierta mejora de la situación en la Comunidad de Madrid.

Y el objetivo último es el propio PP, que debe ser consciente de esta estrategia taimada de envolver en preocupación por la sanidad una indisimulada pulsión partidista. En el escenario que el PSOE diseña con EH Bildu, Esquerra Republicana y Unidas Podemos no cabe un Madrid exitoso liderado por el centro-derecha, menos aún frente a una Cataluña en declive.

A la obsesión ideológica con Madrid le sigue una obsesión económica. Madrid es un modelo de riqueza y progreso social. Como toda gran región, existen desigualdades y sectores desfavorecidos, pero también existen más oportunidades para la cohesión social y la superación individual.

La desfachatez del «paraíso fiscal» aplicado a Madrid es el fiel retrato de la incapacidad de algunos para generar igualdad y bienestar con políticas de reducción fiscal y promoción del emprendimiento. La pobreza es el estado social en el que la izquierda cultiva sus mensajes y, por eso, no soporta el nivel de bienestar alcanzado en Madrid con gobiernos de la derecha, y que comparte solidariamente con el resto de España, beneficiada de su éxito económico.

El liderazgo de la capital de España y de su región hará que las restricciones desproporcionadas ordenadas por Sanidad repercutan en todo el país. Con que solo se apliquen en dos semanas, el PIB nacional perderá entre dos y cinco décimas, lo que se entiende mejor con cifras: entre 2.200 y 5.600 millones.

Para los madrileños, el efecto económico puede ser devastador, a razón de seiscientos millones de pérdidas por semana, lo que supondrá una reducción de su economía en un 15 por ciento, en quince días.

En Madrid hay una situación sanitaria preocupante, pero también más recursos. No hay que olvidar que las medidas tomadas en algunas áreas sanitarias de la Comunidad podrían estar ya dando buenos resultados, como ayer tuvo que admitir el propio Ministerio de Sanidad.

En Madrid no solo se libra una batalla contra el virus, feroz la pasada primavera, sino también por la supervivencia de un modelo político, económico y social que la izquierda quiere arruinar.

ABC