ASESORES OCULTOS Y PREVARICACIÓN

El Gobierno sigue resistiéndose a dar a conocer la identidad de los técnicos y expertos que están asesorando a Pedro Sánchez para la toma de decisiones relacionadas con la gestión del coronavirus.

Ayer, y a una pregunta expresa de ABC, el Consejo de Ministros volvió a negarse a identificar a sus asesores, vulnerando así la legalidad vigente, que exige la publicación de sus nombres para general conocimiento de la ciudadanía.

El argumento del Gobierno -que se trata de funcionarios públicos sobre los que conviene proteger su intimidad- es, más allá de ilegal, completamente absurdo. Con esa coartada podría quedar indemne cualquier abuso o, en el peor de los casos, cualquier delito que pudiera cometerse bajo el paraguas de la acción gubernamental.

Además, el empecinamiento del Gobierno por esta política de ocultación para vulnerar su deber de transparencia alimenta inevitablemente la sospecha de que pueda tratarse de personas con más criterio político que técnico-sanitario, o que sean «expertos» sin trayectoria acreditada.

O sencillamente, que son asesores maleables y manejados a capricho por La Moncloa, con la garantía añadida de que cualquier exceso o error quedará convenientemente encubierto. Si a eso se añade la clausura del Portal de Transparencia, el puzle de la gestión pública no puede ser más opaco y preocupante.

Tanto, que en algunos aspectos parecemos más ser rehenes de un estado de excepción que de uno de alarma, porque la vulneración de garantías constitucionales se está perpetuando innecesariamente.

Desde esta perspectiva, es inevitable interpretar esta obsesión por el ocultamiento de la verdad como una maniobra premeditada contra las libertades o como una regresión democrática. Se hurta al ciudadano la fiscalización de la labor gubernamental con toda la información posible.

No se trata de proteger la privacidad de alguien frente al escrutinio público de su labor, al que por cierto la sociedad tiene un derecho constitucional innegable. Se trata sencillamente de cumplir con la legalidad y no de pisotearla a capricho de Pedro Sánchez, porque entonces España dejaría de ser una democracia para convertirse en un Estado capaz de justificar la arbitrariedad, el silencio frente a la discrepancia y la pérdida de la moralidad en el ejercicio del poder.

Más aún, el criterio de esos asesores no afecta solo a la reacción sanitaria o a los tiempos de recuperación económica de cada autonomía. Afecta, y mucho, a la libertad de los ciudadanos. Y como nos afecta a todos, tenemos derecho a conocer quiénes son y en qué datos objetivos basan sus decisiones.

Porque ni siquiera eso conocemos, lo que genera agravios comparativos indeseables entre los españoles en función de dónde vivan. Si el motivo de Sánchez para no identificar a esos asesores se basa en el cálculo político o en contrapartidas capciosas para privilegiar a unas autonomías frente a otras, Sánchez estaría prevaricando.

ABC