La anomalía parlamentaria propiciada por el rodillo del Gobierno y sus socios está llegando a tal punto en esta legislatura que la única manera solvente de poder ejercer la oposición consiste en recurrir ante los Tribunales la cascada de normas abusivas, adoctrinadoras, e incluso sustitutivas de preceptos constitucionales, con las que gobierna Pedro Sánchez.

Si fuera por él, la fiscalización del Ejecutivo en los plenos correspondientes no existiría y el debate parlamentario sería residual. De hecho lo es. En más de cien días de nuevo estado de alarma solo ha comparecido en una ocasión, y fue para no rectificar su peregrina idea de prolongarlo durante seis meses sin apenas dar explicaciones.

Sánchez se burla del Parlamento sistemáticamente porque lo tiene secuestrado con mayorías radicales contrarias a la Constitución. Se niega a escuchar a los colectivos profesionales implicados en la tramitación de las leyes que les conciernen, su alejamiento de la sociedad a la hora de rendir cuentas es notorio, y su ninguneo a las Cortes retrata tics despóticos.

El sometimiento del Parlamento a las órdenes de La Moncloa es un hecho contrastado que no requiere mayor análisis, y Sánchez impone sus tiempos a medida de la exigencia que le marca su aparato de propaganda personal.

Hoy ABC constata que las diversas normas aprobadas por el Gobierno acumulan ya una veintena de recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición.

Los más incisivos son el PP y Vox, seguidos de Ciudadanos, que parece haber dejado atrás su acercamiento táctico de muchos meses a Sánchez, asumiendo tarde y mal que ha sido utilizado a capricho por el presidente del Gobierno sin lograr el más mínimo rédito con su sumisión al PSOE.

Hoy Ciudadanos sigue pagando con creces la ingenuidad de haber confiado en Sánchez solo por la obsesión de Inés Arrimadas de apartarse del centro-derecha como solución a sus males. El resultado promete ser desastroso para este partido.

El TC deberá pronunciarse sobre el recurso presentado contra la decisión unilateral de Moncloa de suspender la actividad del Congreso al inicio de la pandemia, con lo que Sánchez se arrogó de facto sus funciones legislativas y excedió con creces las prerrogativas que le concedía el estado de alarma.

También quedan pendientes impugnaciones sobre la legalidad o no de la forma con la que manejó esa alarma; sobre la inclusión de Pablo Iglesias en el grupo de personas con acceso a información confidencial del CNI; o sobre el veto que vivió el PP al tumbarse su propuesta de supresión del impuesto de sociedades.

Quedan también la conflictiva Ley Celaá, la permisividad de la presidenta socialista del Congreso con las absurdas fórmulas de acatamiento de la Constitución que se consienten a populistas e independentistas, el nombramiento de la fiscal general del Estado, la creación del ‘ministerio de la verdad’…

Y en cartera esperan nuevos recursos contra la normativa que promueve la ‘okupación’, contra el silenciamiento del Consejo de Estado, la eutanasia, o contra el obsceno sometimiento del Consejo del Poder Judicial. Es una enmienda a la totalidad a una legislatura en la que Moncloa impide que las leyes se debatan porque ha mutilado al Congreso y al Senado para encubrir la gobernabilidad más sectaria conocida en democracia.

Censurado el debate, a la oposición solo le queda resignarse ante el TC, y confiar en que sus resoluciones dejen de eternizarse de una vez por todas para que al menos pueda recuperar una parte del mucho prestigio perdido.

ABC

viñeta de Linda Galmor