Cuando ni siquiera ha entrado en vigor la Ley Celaá, el de Baleares será el primer Gobierno regional en incorporar a su propio anteproyecto de ley educativa autonómica la supresión del español como lengua vehicular.

Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol, no solo se adelanta a los tiempos jurídico-administrativos anticipándose a la ley estatal con un desahogo impropio de un gobernante.

Es más grave aún: este adoctrinamiento lingüístico imitador del proyecto catalán demuestra que la ministra Isabel Celaá mentía cuando afirmó taxativamente que la posibilidad de supresión del castellano no afectaría en nada a las aulas.

Desde luego que afectará porque el PSOE ya lo va a empezar a regular en autonomías afectas con el separatismo y con lo «anti-español». Este no es un legítimo proceso de inmersión lingüística.

Es la enésima pieza de un rompecabezas ideado por Pedro Sánchez para convertir a España en un paraíso del independentismo.

ABC