El concepto más importante de una democracia es la preservación de la convivencia y el respeto a las reglas de juego, pero además de romper todo eso la maniobra contra el poder judicial puede acabar costándonos también dinero.

Quizá no el de las ayudas contra los estragos del Covid, porque la UE no querrá castigar a una de sus principales economías en un momento crucial y carece de la suficiente cohesión para ir más allá de fruncir el ceño; pero sí el de una inversión exterior cuyos promotores empiezan a vernos de nuevo como un país poco serio. Sin solvencia no hay crédito.

Estas cosas casi nunca salen gratis y el mal ambiente político es un factor de riesgo que influye a la hora de atraer empresas o de pedir préstamos y degrada el prestigio de una nación en el mundo financiero.

Las manazas del populismo sobre los tribunales y la autonomía civil proyectan una imagen de régimen bananero por mucha música de Beethoven y mucha digitalización y sostenibilidad con que se quiera vestir el muñeco.

Y en Europa, pese al debilitamiento de sus principios fundacionales, aún queda una cierta sensibilidad respecto a las premisas básicas del Estado de Derecho.

De entre todos los valores intangibles que determinan una reputación colectiva, uno de los primeros, si no el principal, es de la seguridad jurídica. La solidez institucional se basa en la tutela de las garantías, que es el papel que las constituciones asignan a la Administración de Justicia: velar por que la sociedad funcione con reglas limpias.

Por eso atacar la independencia de poderes equivale a cuestionar las bases del Estado y sacar de paseo los fantasmas del sectarismo autoritario. Si se suma el conflicto territorial, una gestión sanitaria de puro caos, el inexplicable acoso a la Corona desde el propio Gobierno y la recurrente crecida exponencial del paro, España como proyecto es ahora mismo un chicharro, un valor inexportable que huele a fracaso.

La crisis sistémica se ve de lejos aunque desde dentro nos hayamos acostumbrado a convivir en un hábitat político y social insano. Y ahí fuera, donde la opinión pública se rige por estereotipos de fuerte arraigo, es más difícil de vender la milonga del «relato».

Cuando se trata de aflojar la mano, los calvinistas «frugales» no se conmueven mucho con el desentierro de Franco. Incluso en el Gabinete quedan algunos ministros sensatos que saben que acaban de dar un paso en falso y que en circunstancias como éstas el ruido siempre es malo.

La toma por asalto del poder judicial no pasa el mínimo control de calidad democrática, que en los últimos tiempos ya tiene bastante rebajado su estándar.

Y aunque en el extranjero prefieran, que está por ver, apartar la mirada, aquí va a abrir aún más la zanja interna de la desconfianza. Hay vigas que no se pueden tocar sin que se hunda la casa.

A menos que eso sea precisamente de lo que se trata.

Ignacio Camacho ( ABC )