La decisión del Gobierno de incluir en un decreto sobre defensa de los consumidores una modificación legal ajena, como es la de abrir la mano para permitir la okupación de viviendas, aun cuando suponga un delito, es la enésima cacicada de un Gobierno cada vez más antisistema.

De nuevo ministros de Podemos se imponen a los del PSOE, y de nuevo hace de la inseguridad jurídica un modo de vida.

Los propietarios de viviendas vacías tienen motivo para una preocupación extrema porque, salvo que exista una violencia acreditada en el modo de apropiarse de una casa, lo que se ha aprobado es una barra libre contra el derecho a la propiedad privada.

Esta medida no solo va a causar un serio perjuicio al legítimo e imprescindible negocio del alquiler, sino que va a generar una anarquía jurídico-legal difícilmente sostenible.

Es incomprensible que Pedro Sánchez ceda ante Pablo Iglesias ante extremos que terminarán comprometiendo la pacífica convivencia social.

ABC