Anfitriona del acto central de homenaje a la Constitución, la presidenta del Congreso de los Diputados faltó ayer a la verdad cuando aseguró en su discurso que la deslegitimación de nuestro sistema de libertades «no es una circunstancia particular de España, sino generalizada en las democracias occidentales y en todo el mundo». Lo que ocurre en España no sucede en ningún otro país de nuestro entorno, geográfico o político.

Lo sabe bien Meritxell Batet, testigo y cómplice, desde la tribuna de un Parlamento que cerró de forma inconstitucional, de un proceso deslegitimador de la Carta Magna, base de nuestro modelo democrático, que empieza y termina en el frente común que forman los socios del Ejecutivo. Cualquier nación desarrollada ha sufrido desde la crisis financiera de 2008 y en mayor o menor medida una involución hacia el extremismo, la fragmentación política y la demolición institucional.

Solo España, sin embargo, ha tenido el desatino y el infortunio de integrar todas esas corrientes en torno a su Gobierno y en auxilio personal de su presidente.

El discurso de la presidenta del Congreso, cargado de ataques velados e inapropiados a la oposición -los populistas son los demás- y marcado por la defensa de quienes pretenden anular al poder judicial para así evitar cualquier control legal a sus políticas, representó ayer toda una declaración de principios anticonstitucionales por parte de quien está obligada a velar por su cumplimiento. No se esperaba menos de Batet.

Los «riesgos del debilitamiento del sistema» no proceden para la presidenta del Congreso de los socios del Gobierno, cuyo presidente habló ayer más de Franco -«dictadura», «odio», «tiranía», señaló- que de la vigencia de la Constitución de 1978. Según la tercera autoridad del Estado, la amenaza para nuestra democracia surge de quienes no secundan la ruptura sistémica que ejecuta el sanchismo de la mano de sus aliados.

Basta recordar las manifestaciones que los líderes de la denominada ‘mayoría de progreso’ realizaron ayer para hacerse una composición de lugar sobre la salud de nuestra democracia, certificada y sellada por Sánchez y Batet. Unidas Podemos, partido que integra el Gobierno, descalificó la Carta Magna, «traje viejo» que hay que sustituir por un modelo republicano que acabe con la monarquía parlamentaria, «obsoleta y corrupta».

El PNV exigió una «nación vasca» y cargó contra el Tribunal Constitucional, intérprete de nuestra ley de leyes, y ERC, a través de Pere Aragonès, máximo representante del Estado en Cataluña, pidió una constitución para su propia república. Todo esto, que lamentablemente no es nuevo, se le olvidó ayer a Meritxell Batet.

Cuidar la Constitución y cumplirla «de pe a pa», como sugiere Pedro Sánchez, consiste para el Gobierno en sumar declaraciones de inconstitucionalidad por atentar contra las libertades individuales, en dejar atrás la división de poderes a través de la sumisión del legislativo y la toma del CGPJ -llegado el caso, los indultos anulan cualquier condena por poner en jaque el orden constitucional-, y en socavar las raíces de la Transición a través del cuestionamiento de la Ley de Amnistía y de los pactos que han garantizado la convivencia democrática de los españoles en los últimos cuarenta años.

Nada de eso dijo ayer Meritxell Batet, cuyo discurso -histórico, por revelador- representa un manual imprescindible para medir el alcance de la distorsión que en manos de Sánchez, sus socios y sus cómplices sufre nuestra democracia.

ABC