CABO SUELTO

Un tercio aproximado de los crímenes de ETA -el cómputo oscila entre 323 y 379- está sin resolver, y por supuesto sin juzgar. Muchos, además, han prescrito. Esto significa que más de trescientas familias no sólo continúan sin recibir justicia sino que carecen del consuelo moral de saber quién o quiénes las convirtieron en víctimas de un drama que cambió para siempre el curso de sus vidas.

Los presos de la banda que se benefician de excarcelaciones, acercamientos y otras medidas paliativas se niegan a cumplir el requisito de colaboración en las pesquisas de los juzgados o la Policía. Y como ETA se ha disuelto, aunque los herederos de su proyecto dispongan de notable influencia política, buena parte de la sociedad se ha desentendido de las heridas que quedaron pendientes de cerrar en la etapa posterrorista y ha ahogado el grito atormentado de Antígona en el silencio acomodaticio de un desinterés pancista, de un desistimiento abúlico, de una pasividad olvidadiza impropia de una comunidad digna.

Esta semana, justo en el vigesimoquinto aniversario del atentado mortal contra Gregorio Ordóñez, el PSOE, los nacionalistas y Podemos votaron en contra de que el Parlamento Europeo investigue siquiera simbólicamente -poco más puede hacer- esos asesinatos no resueltos.

Prefirieron apoyar otras dos peticiones: una sobre problemas de integración en colegios alemanes y otra de una visita al mar Menor. Tal cual. Y como hasta ellos mismos debieron de avergonzarse del pretexto arguyeron que «el terrorismo se ha acabado» (sic) y que la misión interfiere unos procedimientos judiciales que en su gran mayoría quedaron paralizados hace mucho tiempo.

Los muertos al hoyo y los vivos al bollo, que dice con crudeza el refranero. Con Otegui de aliado, los socialistas están dispuestos a cargar infamias al peso. No van a encontrar bastante cal para tanto blanqueo.

Pero no es sólo una cuestión de provecho táctico o de oportunismo político. La izquierda sabe que la memoria del sufrimiento es el principal elemento de cohesión moral contra el nacionalismo. Porque ETA no era un grupo de fanáticos religiosos ni de nihilistas enloquecidos: era una partida de nacionalistas radicales, de independentistas totalitarios que trataban de imponer su objetivo doblegando al Estado a base de bombas y tiros.

Y todo lo que manifieste esa certeza resulta enojoso para esta alianza de conveniencia que necesita borrar las huellas de la tragedia, evitar que su recuerdo interfiera el intento de legitimar la herencia posetarra otorgando a sus beneficiarios un pasaporte democrático falso y una identidad nueva para que puedan sumarse a la Coalición Progresista y Benéfica.

En ese modelo no hay sitio para los cabos sueltos del pasado. El que pregunte por la verdad y otros conceptos abstractos será considerado un mal ciudadano, un elemento perturbador, un sociópata antipático.

Ignacio Camacho ( ABC )

El 30 de septiembre de 1982, los líderes de la VII Asamblea de ETA Político Militar, comparecen por primera vez sin capuchas y anuncian su disolución como organización armada, en Biarritz (Francia). En la imagen, desde la izquierda: Luis Emaldi Mitxelena, alias «Mendi»; Josu Sánchez Terradillos, alias «Josu»; José María Lera Fernández de Muniain, alias «Txepe»; Joseba Aulestia Urrutia, alias «Zotza»; Fernando López Castill,o alias «Peke»; Miren Lourdes Alkorta Santos, Juan Miguel Goiburu Mendizabal, alias «Goierri»; Juan Maria Ortuzar Soloeta, alias «Ruso»; José Maria Zubeldia Maiz, alias «Jose Mari»; y Perico Díez Ulzurrun, alias «Periko».