Cualquier persona con un mínimo de sentido común, sin necesidad de ser especialista en Economía, sabe existe un principio básico para una buena administración: este es adecuar el nivel de gasto al de los ingresos. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en las infravaloradas amas de casa, capaces de estirar los ingresos hasta lo indecible y en muchas ocasiones logrando no solo cubrir todas las necesidades familiares, sino incluso un pequeño ahorro en previsión de épocas de escasez o de gastos extraordinarios futuros.

Pues bien, esta virtud tan elemental parece ser ajena a quienes han tenido que administrar la casa de todos, es decir, el Estado. Desde el mismo inicio de la transición hasta nuestros días -con excepción del mandato de José María Aznar- hemos asistido a una frenética subida de impuestos que, sin embargo, se ha mostrado ineficaz para lograr el ansiado equilibrio presupuestario.

La razón muy sencilla: el organigrama  del Estado ha crecido en paralelo de forma exponencial hasta convertirse en una elefantiásica máquina infinanciable, que aboca a necesidades impositivas crecientes, hoy rayanas en la confiscación y, a su vez, en una burocracia asfixiante para la actividad individual y de las empresas -a la hiperinflación normativa de carácter nacional hay que sumarle la específica de cada una de las 17 comunidades autónomas, más las dictadas por las administraciones locales- lo que de hecho se ha traducido en la quiebra del principio constitucional de igualdad de todos los españoles y de la propia unidad de mercado.

El resultado de esta temeraria gestión de quienes han ejercido los diferentes gobiernos no puede ofrecer un panorama más desolador: la Deuda Pública acumulada sobrepasa el 120% del PIB, la externa es superior a 2 billones de euros y un déficit presupuestario estructural en torno al 5%, que conviven con una intolerable tasa de paro no inferior incluso en los momentos de bonanza al 15%, que se eleva, dramáticamente, al 40% entre los jóvenes.

Con estos indicadores económicos, verdadero talón de Aquiles de la soberanía nacional, cualquier Gobierno medianamente responsable, patriótico y competente, se estaría planteando, con urgencia extrema, abordar una profunda reestructuración del modelo productivo y del mastodóntico aparato del Estado. En el primer apartado para intentar disminuir la dependencia del sector servicios en beneficio del menguante sector industrial y, en el segundo, mediante un plan serio y creíble de consolidación fiscal cortando de raíz el tremendo gasto improductivo que soportan los presupuestos generales del Estado.

Hay que eliminar las decenas de miles de millones que se van en subvenciones parasitarias de todo tipo y, sobre todo, abordar una reestructuración de la organización política y territorial, lo cual pasa por la eliminación del caótico sistema autonómico; en una primera fase, recentralizando todas las competencias transferidas, con prioridad sanidad y educación, para en cuanto sea posible, promover la reforma profunda del título VIII de la Constitución.

Las autonomías además de resultar infinanciables, son responsables del caos que España sufre en su gobernabilidad. Un sistema autonómico devenido en auténticos reinos de taifas, en el que los emires de turno no han dudado en resaltar, estúpidamente, un artificioso hecho diferencial, en una carrera alocada hacia el enfrentamiento entre españoles y la ruptura de la unidad nacional.

Un ejemplo de plena actualidad del caos imperante lo tenemos en el desastre en el que se ha convertido la gestión de la pandemia con 17 modelos de gestión sanitaria con sus respectivas “fronteras” autonómicas, cercenando, de forma claramente inconstitucional el libre tránsito de los ciudadanos a lo largo de todo el territorio nacional. Una tentación irrechazable en la que han caído todos los barones territoriales, ansiosos de protagonismo y de momentos de gloria que les ha brindado la cobarde e irresponsable dejación de funciones del Gobierno Central que padecemos.

Como es lógico la UE antes de ordenar las transferencias de los fondos para la recuperación de la economía de los países más afectados por la pandemia, con toda razón, ha exigido a los diferentes gobiernos un plan de estabilidad fiscal, en un intento por asegurar que los mencionados fondos se empleen en los fines últimos para los que fueron aprobados y que no se van a ir por el desagüe del desorbitado gasto corriente de los estados beneficiarios.

En estos últimos días empieza a conocerse que nuestro incompetente Gobierno Frankenstein, presidido por Pedro Sánchez, un ególatra aventurero, carente de todo escrúpulo moral y cuya única psicopática obsesión es mantenerse en Moncloa al precio que sea -no ha pestañeado en colonizar en su provecho de forma totalitaria todos los resortes del Estado-ha hecho llegar a Bruselas un plan a medio plazo para intentar alcanzar el equilibrio presupuestario.

Como era de esperar de un Gobierno tan inepto no hay noticias del más mínimo proyecto de un ajuste por el lado del gasto despilfarrador donde, sin lugar a dudas, se podrían ahorrar decenas de miles de millones de euros en subvenciones injustificadas más allá del mantenimiento de una red clientelar y una reducción drástica del mastodóntico organigrama del Estado, suprimiendo duplicidades y plantillas improductivas, agrupando ayuntamientos y replanteándose el nefasto estado autonómico.

Si esto se hiciese no tengo la menor duda se podría alcanzar el equilibrio presupuestario e iniciar una lenta disminución de la Deuda Pública sin necesidad de subir impuestos. Es más, con perspectivas de poder bajarlos a medio y largo plazo.

Sin embargo, a este Gobierno de sectarios e incompetentes lo único que se le ha ocurrido mandar a Bruselas es un plan de subida generalizada de impuestos que de forma optimista llegan a cifrar en un incremento de recaudación de 80.000 millones. Una estimación inflada, pues no tiene en cuenta la contracción económica que conllevaría. Un vistazo a los incrementos que se proponen demuestra que la mayor carga recaería sobre los de siempre: la sufrida y decadente clase media.

No creo necesario pormenorizar aquí todos los impuestos que pretenden subir o los de nueva creación, pues en estos últimos días han aparecido en prensa y redes sociales con profusión. Pero hay tres subidas que me parecen dignas de ser destacadas porque creo tienen un claro trasfondo ideológico y muy en sintonía con el NOM (nuevo orden mundial) impulsado por Soros y sus socios en el Bilderberg: Supresión de la bonificación por declaración conjunta de la renta de la unidad familiar, la subida de la imposición al diésel y, por último, el cobro generalizado de peaje en el uso de todas las carreteras de alta capacidad.

En el primer caso se trata de un nuevo ataque a la familia tradicional, a la que le propinan un auténtico hachazo fiscal en su economía doméstica, que viene a sumarse a las últimas leyes de marcado carácter ideológico encaminadas a mermar la autonomía de los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Y, en el segundo y tercer caso, como ocurre con los nuevos impuestos sobre emisiones, un ataque directo al automóvil como forma inequívoca de conquista social del pasado siglo y quizás la máxima expresión de libertad individual al facilitar el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad inherente a la condición de ciudadano.

Por lo que cabría hacerse las siguientes preguntas: ¿Marca un punto de inflexión para la reversión de esta conquista social e inicia el camino hacia la colectivización del transporte con lo que supone de reducción en la libertad de movimiento de la ciudadanía? ¿La subida de las tasas e impuestos a los billetes de avión forman parte de ese programa? Todo, casualmente, en perfecta sintonía subyacente con la Agenda 2030.

El vano intento de algunos miembros del Gobierno de justificar el cobro de peaje por el uso de las carreteras de alta capacidad resulta un insulto a la inteligencia. Toda una muestra de su ignorancia al no saber evaluar la importancia que representa el automóvil en el ya muy constreñido sector industrial y la repercusión que la movilidad  representa para el resto de la economía española.

Si hay un sector en España injustamente gravado y con una asfixiante fiscalidad es el del automóvil: IVA en compra, revisiones y reparaciones; impuesto de matriculación; impuestos sobre el combustible; impuesto circulación municipal; etc. Decenas de miles de millones de los que solo una pequeña parte redundan en la red vial y su mantenimiento.

Me parece obligado hacer una referencia a las declaraciones que ha realizado ese siniestro personaje que está al frente de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, un tipo que parece un alumno aventajado del mismísimo Torquemada, apresurándose a aplaudir servilmente la propuesta de sus mentores en el Gobierno del cobro de peaje en todas las carreteras, manifestando que debe pagar más el que más usa las carreteras.

Una postura impropia de un responsable de la seguridad vial, a nadie se le escapa que un cobro generalizado por el uso de la red principal motivará un incremento de la circulación en vías de segundo orden, que suelen estar en mucho peor estado y más peligrosas en su trazado y, por ende, una subida de la siniestralidad y de posibles víctimas.

Aunque, la verdad, no me ha sorprendido nada conociendo su trayectoria, un perfecto inepto en la que su pobre gestión ha consistido  en practicar de forma sistemática una política represora sin precedentes -ese ha sido el sentido de todas las modificaciones legales que ha impulsado- a la vez de un progresivo deterioro de las garantías de los conductores en su derecho a legítima defensa en los procedimientos sancionadores, y un predominio, pésimamente mal disimulado, del afán recaudador sobre la noble tarea de velar por la seguridad vial.

Frente a este aciago panorama que no anuncia nada bueno para nuestro próximo futuro se atisba la esperanza del cambio que ha supuesto la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid, que junto a VOX va a poder revalidar su mandato liberada de sus poco fiables socios de Ciudadanos. Una victoria que el “líder” del PP, Pablo Casado, junto a su valido, Teodoro García Egea, se han apresurado a considerarla como propia, lo cual, en mi opinión, es una lectura muy equivocada del tsunami sociológico provocado por la Ayusomanía.

Bien haría Casado en intentar poner orden en el gallinero en el que se ha convertido el PP redefiniendo su programa para darle el carácter nacional que nunca debió perder, embridando a sus dispares barones y, en definitiva, procediendo a la refundación que el PP está pidiendo a gritos, lo cual es algo un poquito más complejo que cambiar de sede….Quizás por aquello que decía San Ignacio “en tiempos de desolación mejor no hacer mudanza”.

Ahora queda por ver si Isabel Díaz Ayuso tiene su propio proyecto y si va a ser capaz de que este influya en la reconducción de un PP, y si van a tener agallas para plantear la batalla ideológica a la izquierda y, lo que es igual de importante, aclarar a la ciudadanía cuál es su postura sobre la Agenda 2030 y el globalismo aniquilador de las soberanías nacionales que vienen propugnando los poderosísimos lobbies impulsores del nuevo orden mundial.

El único partido que parece tener clara su postura al respecto, hoy por hoy, es VOX, lo que le convierte, con sus aciertos y carencias, en la última esperanza que nos queda a unos cuantos millones de españoles. El actual modelo de Estado es distorsionador para la unidad nacional e incompatible por su coste con el estado del bienestar que todos queremos mantener y mejorar. ¡Ojalá! que el efecto Ayuso sirva para que el hasta ahora desnortado PP acabe rompiendo para bien.

¡¡ Dios salve a España !!

Luis Ibañez ( El Correo de España )