CAOS EDUCATIVO POR LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS

La caótica realidad de la educación en nuestro país es producto de un fracaso colectivo que ni la clase política ni la sociedad han sabido solucionar en 40 años de democracia. En este tiempo se han promulgado hasta siete leyes orgánicas, algunas de las cuales no han llegado a implantarse. E incluso una de ellas, esta última, la Lomce, lleva ya dos cursos derogada de facto. Un síntoma evidente de que este trascendental problema no ha merecido la consideración de asunto de Estado ni por los gobiernos centrales ni por los autonómicos, más preocupados por obtener réditos electorales coyunturales que por la creación de un sistema de calidad y estable capaz de adaptarse a una realidad social, política y económica cada día más exigente en el mercado global.

Necesitamos un sistema educativo, en definitiva, que cumpla la doble función de crear ciudadanos libres y cultos, capaces de asumir sus responsabilidades cívicas en un sistema democrático que requiere cada vez más de su participación. Y que asuma la tarea de formar a trabajadores con la suficiente capacitación laboral para competir.

Es cierto que el fracaso de la Lomce corresponde en primer lugar al Gobierno del PP, que se mostró incapaz de redactar una ley de consenso, no pudo implantarla en algunas autonomías y, perdida la mayoría absoluta, y en aras de un pacto de Estado, ha hecho cesiones de tal magnitud que la han desnaturalizado. La eliminación de las reválidas impedirá la homologación de los conocimientos en todo el territorio. La posibilidad de acceder al Bachillerato con algunas asignaturas suspensas supone una renuncia expresa a lograr un sistema basado en el esfuerzo y la exigencia. Y por último, la dejación del Estado en sus funciones de supervisión a nivel nacional para evitar conflictos con las comunidades autónomas es un reconocimiento de la falta de voluntad política para encontrar un equilibrio entre las competencias de las CCAA y las del Ministerio de Educación.

Precisamente esta falta de entendimiento entre el Gobierno central y los autonómicos es uno de los principales escollos. Tal y como publicábamos ayer, la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele) ha denunciado que las exigencias de las autonomías les obligan a hacer hasta 25 ediciones diferentes de un manual didáctico para una misma asignatura, ejemplo extremo pero elocuente de la falta de homogeneidad que existe en los currículos en nuestro país. Además, añade Anele, esto encarece el precio final de los libros, ya que las editoriales deben emplear más recursos en producir las distintas versiones.

Para solventar esta deficiencia, el PP ha anunciado que llevará a las conversaciones del pacto por la educación la propuesta de que en la próxima ley haya más enseñanzas comunes para todas las CCAA, y así no exista tanta disparidad de contenidos. La propuesta es loable pero habrá que ver cómo se concreta. Partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y la comunidad educativa en general deben trabajar para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el sistema educativo. Entre todos han de poner fin al mercadeo en que se ha convertido la educación, y ser conscientes de que de ella dependen el bienestar de la sociedad y la competitividad de la economía. También la formación de unos jóvenes cuyo futuro están poniendo en riesgo con su irresponsabilidad.

El Mundo