CAPRICHOS DE UN PRESIDENTE ENDIOSADO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a tal punto de endiosamiento que utiliza a la Abogacía del Estado para tratar de ocultar a ABC, y por tanto a la opinión pública, las razones de por qué debe ser un secreto su utilización de aviones y helicópteros oficiales para asistir a actos de su partido, o a acontecimientos propios de su agenda personal como conciertos musicales o bodas.

Sánchez es un presidente atípico que da la impresión de que cree tener a todo el Estado a su servicio porque es jefe del Ejecutivo. Tal y como revela hoy este periódico, la Abogacía General del Estado ha demandado a un organismo público, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ante la Audiencia Nacional para tratar de ocultar los viajes que realizó Sánchez durante la campaña electoral de los comicios del 28 de abril, para la cual empleó medios públicos como coches oficiales e incluso un avión Falcon.

Además, la Abogacía del Estado mantiene vivo un recurso contra la decisión adoptada por el Consejo de Transparencia el pasado octubre de exigir a La Moncloa que justifique los motivos por los que Sánchez utiliza esos medios de transporte en desplazamientos ajenos a su condición de presidente.

En definitiva, la Abogacía General ha dejado de ser el cuerpo que defiende los intereses del Estado frente a cualquier abuso de poder, para convertirse en un cuerpo jurídico de élite al servicio personal de Sánchez.

Este era, presuntamente, el presidente de la transparencia y la regeneración de la política. Este era el presidente que nunca iba a mentir, porque eso, al parecer, era cosa de la derecha corrupta y de la extrema izquierda hoy aburguesada…, precisamente la misma a la que ha permitido acceder a La Moncloa con una vicepresidencia y cuatro ministerios inventados de la nada, y a la que invita a «retiros» de fin de semana en fincas, también del Estado, con la excusa de coordinar la acción de gobierno.

Sánchez no solo hace un uso espurio de la Abogacía General del Estado con el dinero de todos los españoles, sino que la ha convertido en un servicio jurídico a su exclusivo interés. Da igual que sea para dinamitar cualquier estrategia jurídica solvente contra el independentismo catalán, o para que sus viajes personales de ocio o de campaña, que deberían ser pagados por el PSOE y no por todos los ciudadanos, cuelen casi como un «secreto de Estado».

No se trata solo de una cuestión estética que pone en jaque la credibilidad de la Abogacía, sino de pura dignidad política. Sánchez concibe el poder como algo inherente a él desde una perspectiva omnímoda porque cree ser inmune a cualquier tipo de fiscalización de sus actividades pues parece sostener que su poder es plenipotenciario. Y eso, en democracia, es sencillamente inadmisible.

ABC