CÁRCEL PARA LOS GOLPISTAS

La decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar provisionalmente a Oriol Junqueras y a ocho consejeros del Gobierno catalán destituidos por su rebelión contra el Estado no solo es proporcionada y ajustada a Derecho dada la gravedad del delito y el evidente riesgo de fuga, sino que encierra algo de justicia poética. Los ejecutores de todo un golpe de Estado no podían quedar libres porque el mensaje que nuestra Justicia enviaría a la ciudadanía sería difícilmente digerible.

Dieron un golpe a sabiendas de su incumplimiento flagrante de la legalidad, lo retransmitieron en directo renunciando voluntariamente a ser considerados «presuntos», y se vanagloriaron de su ataque al Estado de Derecho con palmadas en la espalda y abrazos. La Audiencia Nacional no podía hacer oídos sordos a un clamor social, ni asumir el riesgo de una idea de la justicia selectivamente permisiva o condicionada por criterios de conveniencia política. Con Junqueras y sus consejeros ya en prisión, ahora queda arrestar a Carles Puigdemont, oficialmente fugado de la acción de la justicia y sobre quien está a punto de pesar una orden internacional de busca y captura que debe ejecutarse con urgencia. Por eso, e independientemente de lo que tarde en cumplirse esa orden, la única certeza es que cuando Puigdemont vuelva a pisar territorio español será en condición de detenido para ingresar en prisión.

De la justicia penal podrán criticarse los plazos, su grado de dureza o su eficacia en la reinserción de los condenados. Pero tarde o temprano termina resultando eficaz cuando se convierte en un instrumento útil de la democracia para defenderse de ataques como los vividos en Cataluña. A Puigdemont y a sus cuatro cómplices huidos en Bélgica ya no les queda ni un solo argumento para no entregarse de inmediato a la Justicia española y asumir, sin parecer unos cobardes, el peso real de la Justicia. Buena parte del equipo de gobierno de Puigdemont ya duerme en prisión, consciente de que les ha perjudicado notablemente esa fuga.

Ahora, es de esperar que Bélgica no pierda un solo instante en localizar a los prófugos, detenerlos y entregarlos a España, porque cualquier mínima consideración que haga el Gobierno belga sobre una mendaz «persecución política» en España será una patraña que nadie en Europa creerá. El aparato de agitación y propaganda del independentismo ya no es eficaz ni siquiera a esos efectos.

Queda pendiente la decisión del Tribunal Supremo respecto a los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron ilegalmente las iniciativas para la declaración de independencia. Ayer pidieron más tiempo a la Justicia para poder defenderse y se les concedió. Pero su destino a partir del 9 de noviembre no debería ser distinto al de Junqueras, que al menos ha tenido el arrojo de comparecer ante la juez. Puigdemont ya solo podrá ser tratado como un delincuente.

ABC