Un dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso en exclusiva ABC echa por tierra, en el fondo y en la forma, buena parte de la política educativa diseñada por el ministro Manuel Castells para las universidades, y alerta de que podría atentar «contra la seguridad jurídica» si no se corrige.

Aunque es previsible que el Gobierno vuelva a hacer caso omiso de las recomendaciones de su máximo órgano consultivo, la realidad es que se asesta un contundente varapalo al propósito de Castells de convertir nuestra enseñanza superior en un nido de adoctrinamiento y sectarismo ultraizquierdista.

El golpe del Consejo de Estado es doblemente relevante porque además su composición es mayoritariamente progresista, lo cual no deja de ser una enmienda a la totalidad de la propia izquierda jurídica al Ejecutivo.

Pero así viene actuando La Moncloa durante toda la legislatura, ignorando, puenteando o despreciando directamente los informes preceptivos de los órganos consultivos pese a las advertencias de que muchas de sus normas son autoritarias y poco democráticas. Hace tiempo que el respeto del sanchismo por la legalidad -como por el Parlamento o por el poder judicial- tocó fondo.

El primer reproche del Consejo de Estado a Castells es que abusa de los decretos para crear una normativa paralela sin haber aprobado antes su ley orgánica de universidades. Lo lógico sería aprobar primero la ley, y a posteriori, ir aprobando decretos que desarrollen lo regulado. Lo contrario puede tener una «incidencia relevante sobre los derechos y libertades constitucionales».

En cambio, el Gobierno sustituye elementos esenciales de la estructura y funcionamiento de los planes de enseñanza con meros decretos que pueden contradecir lo que en el futuro regule la ley. Esto ocurre por ejemplo con la norma que La Moncloa prevé aprobar la semana que viene, creada expresamente para eliminar el sistema de tres años de grados más dos de posgrados y másteres previsto para algunas carreras.

Esto no solo contraviene la normativa europea respecto a la equivalencia del sistema de grados, o a la posibilidad de estudiantes extranjeros de cursar en España másteres compatibles, sino que resulta abusivo desde una perspectiva legal.

«La norma proyectada -advierte el Consejo- podría tener una vigencia y aplicación total o parcialmente limitadas» si después no se adecúa a la futura ley orgánica del sistema universitario. Justo en eso consiste el ataque a la seguridad jurídica. Y solo es posible crear un marco normativo tan volátil si la pretensión última es una voladura controlada de nuestras universidades a medida de Castells.

Aparte queda la cacicada de impedir a las universidades privadas las prácticas de su alumnado en hospitales públicos. Eso es directamente ilegal y un ataque a la competitividad y al sentido común. Penalizar por penalizar lo privado refleja bien el talante de este Gobierno en su ideologizada defensa de lo ‘público’, porque hacer creer que lo relevante no es que haya más y mejores médicos, sino que se hayan formado solo en la universidad pública, es algo absurdo de todo punto.

Los reproches alcanzan también a la falta de regulación de los doctorados, o al capricho de impedir que se evalúe el cumplimiento de los objetivos del decreto, algo inédito. De lo que se trata sencillamente es de imponer y eludir controles con una falsa apariencia democrática. Quizá tenga razón Pedro Sánchez cuando denuncia en la ONU que la democracia está en peligro.

Debería leer sus propios decretos y saber también que en las universidades catalanas, esas que protege Castells, se están haciendo listas negras de profesores defensores del español.

ABC