CATALUÑA SECUESTRADA

LA mayoría independentista del Parlamento de Cataluña formalizó ayer el primer paso para consumar su golpe de Estado contra la democracia española. Lo ocurrido, la aprobación y posterior ratificación de la ley del Referéndum, fue un secuestro de diputados constitucionalistas y un atropello a la ciudadanía para imponer una quiebra de la soberanía popular por la fuerza. El separatismo ha tomado a los catalanes como rehenes de una flagrante ilegalidad, y cualquier otra lectura de ese desafío sedicioso, o cualquier otra solución «política» o «dialogada», sobra en estos momentos.

Cataluña vivió ayer una conjura de tramposos expertos en el juego sucio para justificar su rebeldía contra un sistema que ya no puede permitir semejantes sacudidas al parlamentarismo ni más embestidas a la ley. Ya no se trata de un órdago por el independentismo como argumento emocional para mantener el poder a toda costa. Lo de ayer fue un desprecio absoluto a la libertad y una perversión inédita en España de los principios que rigen la soberanía popular para tumbar la democracia con conductas dictatoriales, y acallando ilegalmente la voz de la oposición con maneras cuasi-mafiosas.

Fue un circo vergonzoso, impropio de una democracia asentada e indiciario de que lo que pretende el separatismo para los catalanes es un régimen autoritario, sin garantías ni libertades, y sometido al imperio de unos dirigentes corruptores, sin más ley que su propia obsesión identitaria. La secuencia de lo sucedido en el Parlamento catalán solo puede abocar a incoar de modo inmediato procesos penales a sus responsables, y proceder a la suspensión inmediata de Carme Forcadell como presidenta del Parlamento catalán.

La decisión del Gobierno de pedir al TC que, por la vía de ejecución de sus sentencias anteriores, anule con urgencia las decisiones chantajistas adoptadas ayer por la Mesa de la Cámara catalana es relevante. Pero también lo sería que el TC, en su facultad de actuar de oficio, procediera autónomamente a suspender de funciones a Forcadell porque está legitimado para ello, aunque la resolución no contara con unanimidad.

La unanimidad del TC tiene un indiscutible valor político y siempre será preferible a su división interna, pero llegado el caso de fractura, y aun no solicitándolo el Gobierno, está obligado a impedir que Forcadell y los sediciosos de la Mesa sigan ejecutando ilegalidades. El TC debe asumir toda la responsabilidad necesaria para proteger al Estado y no debe hacer cargar en exclusiva sobre la Abogacía del Estado todo el peso de la réplica al Parlament.

El Gobierno y la Fiscalía aciertan reclamando que los jueces actúen por desobediencia y prevaricación. Lo imprescindible es que, a los ojos de la ciudadanía, cada trámite procesal no se pierda en vericuetos jurídicos e impida de forma fehaciente la celebración de la consulta del 1 de octubre. Es difícil hallar alternativas mejores que el apartamiento efectivo de quienes promueven este asalto al sistema y la imposición de severas multas.

Ayer, Forcadell y varios diputados de Junts pel Sí suplantaron ilegalmente a los funcionarios que se negaban a publicar en el Boletín Oficial del Parlament la tramitación de la ley de referéndum porque pesaba sobre ellos una prohibición expresa en ese sentido. Despreciaron los informes previos del propio Consejo de Garantías Estatutarias que advertían de las ilegalidades. Hicieron un deliberado caso omiso de los avisos hechos por el secretario general de la Cámara contra semejante dislate. Y Forcadell presentó una patética y extemporánea recusación preventiva contra los miembros del TC y promovió una votación ilegal.

Fue la secuencia de un disparate demencial. El despropósito fue de tal calibre que, más allá de la impulsiva belicosidad de la Generalitat y del Parlament, nada se sostiene en el separatismo con una mínima densidad argumental. En las próximas horas, el TC considerará nulos los absurdos episodios vividos ayer, y el Ministerio Público formalizará sus correspondientes querellas, pero nada se entenderá si Forcadell y los culpables del golpe democrático de ayer siguen en sus funciones.

Del mismo modo que el PSOE y Ciudadanos respaldaron al Gobierno en su respuesta jurídica al desafío independentista, es imprescindible denunciar la desleal conducta de Podemos, convertido en un auténtico acólito de quienes pretenden romper España. Pero a nadie debe sorprenderle viniendo de Pablo Iglesias. Su partido quedó ayer retratado junto a ERC, la CUP y los restos de la extinta CiU, avanzando hacia un suicidio político colectivo. El Gobierno habló de «patada a la democracia». Pero es incluso peor: se trata del secuestro de Cataluña a manos de unos sediciosos sin moral.

ABC

viñeta de Linda Galmor