A medida que la izquierda española se rinde a la función de nave nodriza del separatismo, crece su traición a la causa de la igualdad y la emancipación que defendía. Hace más de una década, Isabel Celaá era consejera vasca de Educación y sostenía que ambas lenguas -euskera y español- debían ser vehiculares, sin que ninguna se impusiera a otra.

Advertía del «peligro de tratar el euskera desde una perspectiva ideológico-política», fomentaba el trilingüismo y firmaba artículos donde reivindicaba el castellano como lengua propia del País Vasco «porque ¿cómo no considerar lengua propia la lengua materna del 80% de los vascos?». Celaá vendió su coherencia por una silla en el Consejo de Ministros de Sánchez, que a su vez ha subastado la política educativa a sus socios nacionalistas.

Pero el problema de su ley no es solo el blindaje de la inmersión lingüística para satisfacer al independentismo. Es también el rechazo de la meritocracia, mediante disposiciones como las de obtener el título sin haber aprobado todas las asignaturas, la minusvaloración del esfuerzo -al tratar a todos estudiantes por igual-, y la renuncia a la objetivación del conocimiento.

Eso quiebra el principio de igualdad real entre todos los alumnos e impide a los más desfavorecidos a tener en la educación una posibilidad de ascenso social. Recuerda el Banco de España que la tasa de paro de los universitarios españoles de entre 30 y 34 años dobló en 2018 la media europea.

La menor cualificación de los trabajos desempeñados por los licenciados españoles «sugiere que su nivel de desempleo comparativamente mayor que el de sus homólogos del área del euro podría obedecer a una menor calidad de la educación superior

Pero en lugar de diseñar una ley conducente a la igualación por arriba, Celaá ha optado por rendirse al sectarismo de su jefe y sus aliados y seguir nivelando a la baja, al aplicar un igualitarismo mal entendido que provoca una clara pérdida de competitividad de los futuros trabajadores españoles.

El Mundo