CERCO JUDICIAL A LA PASIVIDAD DE LOS MOSSOS DEL 1-O

“La traición es una cuestión de fechas”, escribió Talleyrand. Cada vez está más claro que el pasado 1 de octubre, los Mossos d’Esquadra traicionaron al Estado. Su inaceptable inacción durante el referéndum ilegal promovido por las autoridades catalanes permitió de facto la votación en numerosos puntos de Cataluña y forzó a la Guardia Civil y la Policía Nacional a intervenir por la fuerza para impedir una consulta suspendida por la Justicia. Las cargas policiales de aquel día fueron usadas de forma torticera por el independentismo, llegando a la desfachatez de engordar el número de heridos de forma mendaz. En realidad, se trató de un intento mezquino e intolerable de presentar a España como un Estado antidemocrático a ojos del mundo entero.

La propaganda secesionista es insistente, pero el tiempo está poniendo las cosas en su sitio. Fueron los altos mandos de la policía catalana los que vulneraron de forma flagrante sus obligaciones. Así se desprende de las declaraciones judiciales de agentes de este cuerpo, a las que ha tenido acceso este periódico, y en las que queda reflejado el pasotismo de los responsables de los Mossos. Tal como revela hoy EL MUNDO, el Juzgado de Instrucción número dos de Sabadell ha imputado a inspectores, subinspectores y comisarios de los Mossos por permitir el referéndum ilegal.

Todos ellos están acusados de un delito de “desobediencia a la autoridad judicial”. En concreto, el magistrado ha dado orden a la dirección actual de la policía autonómica de identificar a los responsables de algunas de las Salas Regionales del Cuerpo, encargados de transmitir las órdenes operativas a los agentes desplegados en los puntos de votación. En sus declaraciones ante el juez, numerosos policías autonómicos señalan que se pusieron en contacto con sus superiores a lo largo de la jornada del referéndum a través de la emisora, solicitándoles “instrucciones y refuerzos”. Pero nadie les dio indicaciones ni tampoco les fue notificado por parte de sus superiores, ni antes ni durante el 1-O, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impidiendo una consulta que quebraba el marco constitucional y estatutario.

El testimonio de los agentes interrogados resulta clarificador. Sus mandos no les dieron indicación alguna ni de requisar urnas, ni de dónde entregarlas, ni de precintar los colegios electorales. Lo que sí se les prohibió es el uso de la fuerza para “garantizar la paz social”. Es evidente que, siguiendo la estrategia de desacato de la Generalitat, los jefes de los Mossos incumplieron el mandato judicial de frustrar la votación. La Justicia debe depurar responsabilidades en un episodio que degeneró en desórdenes públicos y que quebró la confianza del Estado en un cuerpo policial cuyos mandos no cumplieron con su deber.

El Mundo