La expropiación de 56 viviendas elegidas a dedo por el Gobierno socialista de Baleares es un acto contra la libertad y contra el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, por mucho que el Ejecutivo de Francina Armengol lo quiera revestir de ‘pionero avance social’.

La mecánica es ya conocida en muchos países populistas de extrema izquierda: primero, se aprueba una ley de vivienda con la idea de que los ciudadanos con casas cerradas sean estigmatizados, y sus propiedades puedan ser intervenidas para hacer crecer el ‘parque de vivienda social’ para personas desfavorecidas.

Después, y con la excusa de luchar contra el mercado especulativo, se habilita el instrumento para ‘sacar los pisos del mercado libre’. Y en tercer lugar, se rebaja artificialmente su valor para que el propietario deba conformarse con unas migajas injustas mientras el Gobierno los alquila con una compensación ridícula.

Pero como se trata de una ley ideológica y dogmática para penalizar a quien tiene más propiedades, todo vale. No es una resolución pionera por su igualdad solidaria. Es intervencionismo salvaje.

Es un caso flagrante de vulneración de derechos y el ejemplo más claro del incipiente chavismo a la española que empezamos a vivir.

ABC