Se cumplen cien días de mandato del Gobierno más endeble, dependiente e inestable de toda la democracia. Lo que el jefe del Ejecutivo anunció el pasado mes de noviembre como un acuerdo de legislatura duradera en lugar de un simple pacto de investidura se está revelando como un proyecto irreal.

A duras penas el Gobierno ha conseguido convalidar un puñado de decretos –norma de la que viene abusando constantemente–, sólo ha salvado con cierta facilidad el aumento del salario mínimo interprofesional, y las dos principales leyes sobre las que pretende asentar la legislatura como llave para el resto de su proyecto, la amnistía y, por supuesto, los presupuestos generales del Estado, están aún en el aire.

No es una legislatura típica. Ni siquiera parece ser una legislatura del PSOE, sino de los socios separatistas del Gobierno y, muy en particular, del huido Carles Puigdemont.

Durante este tiempo, los socialistas han declinado cualquier control o imposición de líneas rojas sobre las propuestas de Junts, ERC, el PNV o Bildu, de modo que la gobernabilidad está absolutamente condicionada por sus exigencias y por el complejo juego de equilibrios al que debe verse sometido Pedro Sánchez en cualquier votación, con el consiguiente desgaste que eso acarrea.

La aprobación, el pasado 10 de enero, del decreto ómnibus y de otro con un paquete de medidas anticrisis, es el perfecto ejemplo de lo que la legislatura viene avisando.

Aquel día, Sánchez logró los votos de Junts apenas unos minutos antes de la votación, con una negociación opaca en la que el PSOE cedió para modificar el proyecto de ley de amnistía, y con todo el grupo parlamentario socialista votando a ciegas y a favor de algo que realmente desconocía. Esta es la anomalía sobre la que está pivotando hasta ahora el mandato del nuevo Ejecutivo.

Si al sometimiento a los chantajes políticos de sus socios, especialmente para dotar de impunidad e inmunidad total a todos los implicados en el proceso separatista de 2017, se unen factores como la ruptura entre Sumar y Podemos, la pugna abierta en el seno de la Fiscalía con conceptos antagónicos sobre las conductas penales inherentes al ‘procés’, las advertencias de Europa sobre la calidad del Estado de derecho en España, una política exterior dubitativa y sumisa con Marruecos, la autodefensa del los jueces frente al inédito señalamiento que hace la alianza gubernamental, la crisis reputacional del TC, o el resultado de las elecciones gallegas, la inestabilidad en el PSOE promete ser absoluta. Más aún, a partir de ahora, una vez que la Audiencia Nacional está investigando el caso Koldo –mejor, caso Ábalos–, del que la falta de explicaciones del propio exsecretario de Organización socialista, de miembros del Gobierno o de la presidenta del Congreso, solo revela un estado de shock en el PSOE, un creciente nerviosismo interno y la percepción de que el sanchismo podría empezar a tocar fondo.

El PSOE es un partido que ganó la moción de censura al PP en 2018 sobre la base de una regeneración democrática y la limpieza autoexigente contra la corrupción. Hoy tantos silencios y la pretensión de crear un cortafuegos sobre Ábalos para que el caso no salpique a nadie más sólo acredita que Sánchez está empezando a perder la perspectiva y el dominio de la situación.

Una vez judicializado un proceso, su evolución es incierta y los daños, judiciales, políticos y de credibilidad para el PSOE, amenazan con ser masivos. Y sólo ha transcurrido cien días desde la toma de posesión de Sánchez. No es una legislatura.

Es un calvario claudicante para él y un éxito para el separatismo.

ABC