EL CISMA DE LA IGLESIA CATALANA SE AGUDIZA

El pasado mes junio, Soraya Sáez de Santamaría viajó hasta Roma con motivo del consejo cardenalicio en el que se nombró cardenal al obispo de Barcelona, Juan José Omella. Allí, se reunió con el número dos de la Santa Sede, Pietro Parolin, que como secretario de Estado Vaticano, acostumbra a mediar en conflictos internacionales. Su encuentro, como era de esperar, estuvo marcado por la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. «El cardenal ha dicho que ‘‘España es una decisión del conjunto de los españoles’’», aseguró la vicepresidenta en un encuentro posterior con la prensa.

Tres meses después y a menos de una semana del referéndum ilegal, el Gobierno espera una respuesta más contundente del Vaticano. Sobre todo para poner fin al cisma que vive la iglesia catalana tras el apoyo expreso de algunos curas y diáconos al Gobierno de Puigdemont en su deriva separatista. El pasado viernes, más de 300 religiosos catalanes llamaron a secundar el referéndum que consideran «legítimo y necesario», por lo que el Gobierno decidió enviar una protesta formal a la Santa Sede a través del embajador español porque considera que esa postura no es propia de sacerdotes y que, además, podría vulnerar el Código de Derecho Canónigo. Se desconoce aún si el Ejecutivo también trasladará su malestar al Nuncio del Papa en España.

Lo que no debe pasarse por alto es que estos 281 curas y 21 diáconos que apoyan la ilegalidad no representan más de un tercio de la población religiosa en Cataluña, teniendo en cuenta que está formada por 2.000 sacerdotes y 180 diáconos. Aunque es verdad que la Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes, ha hecho públicos varios comunicados pidiendo que sean escuchadas «las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada su singularidad nacional» –el útimo en mayo–, la deriva que ha tomado la cuestión catalana le ha obligado a suavizar su postura. Así, el miércoles emitieron otro comunicado para pedir «respeto a los derechos e instituciones».

Después de la división manifiesta en el seno de la iglesia catalana, ayer se esperaba con especial atención la homilía del cardenal obispo de Barcelona, Juan José Omella, por ser un referente dentro de las voces moderadas, aunque el sector independentista no lo vea así, sobre todo a raíz de la misa por las víctimas del atentado de las Ramblas. A Omella le criticaron que su discurso fuera en castellano y que se refiriese a Puigdemont y a sus consejeros como autoridades autonómicas. Ayer, el obispo de Barcelona consiguió en la misa de la Mercè rebajar tensiones y reunir al presidente catalán, al consejero de Interior, Joaquim Forn, al delegado del Gobierno, Enric Millo, y al Inpector General de Ejército de Tierra, Fernando Aznar, en el mismo banco. Omella, arropado por buena parte de la Conferencia Episcopal Tarraconense y siguiendo con su tono moderado, apeló a la cordura de los gobernantes en unos momentos «complejos». Pero, paralelamente, en la Basílica de Montserrat, feudo del catolicismo independentista, el monje Sergi d’Assís echó más leña al fuego al hacer un llamamiento a «no mirar hacia otro lado» ante «el menosprecio a las instituciones de nuestro pueblo».

Mientras el Gobierno aguarda la respuesta del Vaticano sobre los religiosos rebeldes, se espera que de la Comisión Permanente que celebrará la Conferencia Episcopal Española durante el martes y miércoles, salga un pronunciamiento unánime sobre el desafío catalán y el acato a las leyes y el Estado de Derecho.

Elena Genillo ( La Razón )