CIUDADANOS SOBREACTÚA Y SE EQUIVOCA

Es un hecho que admite pocas discusiones que España necesita unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que permitan aprovechar tanto el buen momento de la economía nacional como los vientos de cola que, al menos por el momento, soplan desde los mercados internacionales. Cabría esperar en una democracia avanzada, así ocurre en otros países de nuestro entorno, que la cuestión más decisiva para el normal desenvolvimiento político de la sociedad, como son los PGE, se abordara desde el acuerdo de los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, a los que no separan distancias insalvables en materia social y económica, aunque sólo sea porque nuestra pertenencia a la eurozona restringe el margen de actuación en el ámbito de las finanzas públicas, con el techo de gasto predeterminado y los compromisos adquiridos de reducción del déficit.

Pero las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, y el Gobierno de Mariano Rajoy, en minoría, tendrá que sumar los apoyos que le faltan negociando con varios partidos minoritarios del arco parlamentario, como ya hiciera el año pasado. Entre estos grupos se encuentra el PNV, formación nacionalista a la que no se puede reprochar, y menos desde quienes se han negado a cualquier fórmula de acuerdo, que trate de obtener las mayores contraprestaciones posibles para su parroquia, entre otras razones, porque con sus votos hace posible que salga adelante un proyecto que beneficia al conjunto de la nación.

De ahí que no se justifique, ni siquiera apelando a la bisoñez, que el otro gran socio presupuestario, Ciudadanos, pretenda convertir las negociaciones con el nacionalismo vasco, cuya raigambre parlamentaria se remonta a los albores de la Transición, en un instrumento de desgaste del partido del Gobierno, reo poco menos, según los portavoces de Albert Rivera, de traición a la patria. Ya decimos que sólo desde la ignorancia de la historia reciente española o, lo que sería peor, desde el cinismo más oportunista, se puede pretender que las negociaciones entre el Partido Popular y el PNV hayan incluido cuestiones relacionadas con la política antiterrorista o con la transferencia de la Seguridad Social, demanda, esta última, que vienen reiterando los nacionalistas vascos desde hace décadas, con el argumento de que se encuentra reconocido en el Estatuto de Guernica, pero que siempre ha sido rechazada por el PSOE y el PP.

Lo mismo reza para el asunto de los beneficios penitenciarios a los terroristas etarras, que ni Rajoy ni Íñigo Urkullu utilizarían en una negociación presupuestaria por razones que no es preciso explicar, dada la trayectoria de ambos líderes políticos, y menos como moneda de cambio o venta de rehenes. Entendemos que Ciudadanos y Albert Rivera traten de resaltar su perfil más centralista, puesto que, como reflejan habitualmente las encuestas del CIS, existe en España un voto duro antinacionalista, que, incluso, se declara contrario al actual modelo territorial y preferiría retirar competencias a las autonomías para que las gestionara el Estado.

Pero, con ser una posición política legítima, no justifica la caricaturización que los ideólogos del partido naranja pretenden hacer del PP, presentándole como «cómplice» de los separatistas, que es lo que ha hecho el secretario general del Grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, al hilo de la absurda e inoportuna controversia suscitada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El apoyo al Estado de la Autonomías, que es el que consagra la Constitución, es perfectamente compatible con la defensa de la unidad, convicción que no puede negarse al Partido Popular, salvo faltando a la verdad. No todo vale para conseguir votos, sobre todo, cuando de este asunto, la negociación del PGE, Ciudadanos está al tanto de todos sus detalles.

La Razón