COACCIÓN

Improvisación no es sinónimo de casualidad. Desde el comienzo de esta pandemia prácticamente todo lo que ha hecho el Gobierno para atajarla ha sido improvisar, pero nada ha resultado casual.

Cada decisión, cada declaración controlada (cosa distinta son los supuestos «lapsus» como el del general José Manuel Santiago, que dijo la verdad sin pretenderlo), cada mentira, cada acción emprendida por el Ejecutivo ha obedecido a un único propósito consistente en limitar el daño político que la enfermedad pudiera provocar a los dos partidos que cohabitan en La Moncloa o incluso convertir el devastador impacto del virus en una oportunidad para medrar.

El sábado, sin ir más lejos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, responsable directo de la desastrosa gestión que ha convertido España en el país con más muertos por habitante y más sanitarios contagiados, sacaba pecho en Twitter afirmando con desvergüenza: «El Covid-19 ha situado al Sistema Nacional de Salud frente al mayor desafío de su historia.

Las bases colocadas hace hoy 34 años con la Ley General de Sanidad, impulsada por Ernest Lluch, le están permitiendo responder, no sin dificultades, con gran capacidad para cuidar de la Salud de la población».

Así, sin sonrojarse, aunando en un mismo mensaje partidismo de la más baja estofa y un desprecio profundo a las decenas de miles de víctimas que deja la epidemia, así como al sacrificio del personal médico que combate en primera línea privado de armas imprescindibles para hacer frente al enemigo.

En este contexto de tergiversación de los hechos, embustes hasta en el número de fallecidos, sospechas fundadas de corrupción y amiguismo en la asignación de contratos para el suministro de material sanitario de primera necesidad e inoperancia culposa en la lucha contra esta enfermedad, las declaraciones de Pablo Iglesias en relación a la Justicia revisten una gravedad gigantesca.

Porque Iglesias ya no es el líder díscolo de un partido antisistema de extrema izquierda, sino el vicepresidente del Gobierno de España. Y aunque su extremismo sea el mismo, su responsabilidad como miembro del Ejecutivo es incompatible con ese ataque directo a una resolución judicial («mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso») que no puede interpretarse sino como un aviso a navegantes.

Lo que el dirigente podemita está diciendo a los togados es: «Ojo a o lo que hacéis, que el Gran Hermano os vigila. No olvidéis que vuestras carreras, vuestras promociones, el pan de vuestros hijos dependen de nosotros, los políticos». Y desgraciadamente, así es.

Lo de menos es que el Tribunal Superior de Madrid haya condenado a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isabel Serra, por los delitos de lesiones, daños o atentado a la autoridad. Lo de más es que ya se han presentado múltiples demandas contra Pedro Sánchez y varios altos cargos en el Supremo y otras instancias, por su negligente gestión de esta crisis.

El Sindicato de Enfermería, el de funcionarios, CSIF, Vox y numerosos particulares han pedido el amparo de la justicia frente a las (de momento presuntas) vulneraciones de sus derechos perpetradas por quien detenta ahora mismo el poder absoluto merced al estado de alarma, que es el Gobierno de la nación.

Es muy significativo que ni uno solo de los tres jueces integrados en él, Marlaska, Robles y Campo, haya levantado la voz en defensa de sus compañeros atacados, como sí han hecho el CGPJ y las distintas asociaciones.

O bien les puede el sectarismo o bien están muy asustados y dejan el papel de «malo» a Iglesias.

Isabel San Sebastián ( ABC )