COACCIONES Y COBARDÍA EN CATALUÑA

Los episodios de coacciones, presiones y amenazas vividas en Cataluña en las últimas horas son inadmisibles. Afortunadamente no ha surgido ningún brote de violencia dramática después de que el Estado haya desmantelado el operativo diseñado por la Generalitat para la consulta ilegal del 1-O. Pero eso no oculta el odio demostrado por miles de manifestantes separatistas a la Guardia Civil, la Policía o los miembros de la Justicia encargados de ejecutar órdenes con estrictos criterios de legalidad.

Y tampoco oculta la permisividad con la que se ha consentido el destrozo de vehículos de la Guardia Civil, o con la que se ha dificultado el acceso y la salida de los agentes de las sedes oficiales tras los 42 registros realizados. Ayer, los estibadores de los puertos de Barcelona y Tarragona se negaron a operar con los tres barcos que alojan a las fuerzas policiales de refuerzo enviadas desde otras provincias. También aparecieron pintadas amenazantes en muchos negocios de «españolistas» y en domicilios particulares de políticos o de sus familiares, como en el caso de Albert Rivera.

El acoso a las delegaciones que actuaban como policía judicial mientras procedían a las detenciones por orden judicial fue tan lamentable como el oneroso silencio de la Generalitat a la hora de exigir calma en las calles. Y días atrás, unos carteles editados por Arran, rama juvenil de la CUP, recordaban mucho a los modos con que Jarrai y Batasuna apuntaban con dianas a políticos en las calles vascas.

Es evidente que al independentismo le interesan la agitación, las algaradas y la violencia selectiva como último recurso a la réplica del Estado contra su chantaje separatista. Durante la pasada madrugada, una veintena de agentes de la Benemérita quedaron atrapados en la sede de la Consejería de Economía por temor a que la multitud congregada les agrediese.

Los actos vandálicos contra sus vehículos fueron lo de menos, si se compara con el hecho de que el juez tuviese que exigir de madrugada al Mayor de los Mossos que diese órdenes concretas a sus agentes para facilitar la salida de los guardias. Hasta entonces habían permanecido cruzados de brazos. Los responsables políticos y operativos de los Mossos están incurriendo en una indolencia alarmante que dice muy poco de su espíritu real por cumplir con sus obligaciones operativas y constitucionales.

Lejos de lo que el independentismo intenta hacer creer, no ha dibujado una arcadia feliz libre de España. Muy al contrario, en Cataluña la salvaguarda de muchos derechos y libertades es sencillamente inexistente, y si algo ha ideado es un régimen autoritario basado en la inquina a España. Sin ley no hay orden, y eso es exactamente lo que pretende el separatismo: que los ciudadanos asuman, protegidos en el anonimato de una multitud, que Cataluña es un territorio sin ley en el que las coacciones más cobardes y la estigmatización del discrepante son válidas.

ABC

viñeta de Linda Galmor