CÓDIGO ROJO

En el vídeo, distribuido a través de grupos de telemensajería, se ve a un hombre alto con gafas y pelo cano entrando en el vestíbulo de unas dependencias administrativas donde alrededor de treinta o cuarenta personas lo reciben con un intenso aplauso, tan largo que al final se le nota entre conmovido y azorado.

El hombre se llama Manuel Gómez y era el interventor jefe en la Junta de Andalucía durante el decenio de los ERE fraudulentos. Diecisiete veces advirtió por escrito a sus superiores de la irregularidad del método y otras tantas fue desoído por los responsables de Hacienda y Empleo, que a su vez lo acusaron de no haber insistido con suficiente énfasis en sus apercibimientos.

La juez Alaya y sus sucesores lo metieron en el saco de las imputaciones: no encontraban justos en la Gomorra de los expedientes fulleros. Esas alertas quizá no llegaran nunca hasta José Antonio Griñán, perdidas en los cajones de sus subalternos, pero en la condena del expresidente han tenido un significativo peso.

Gómez también fue procesado, junto al director de los servicios jurídicos del Gobierno, por prevaricación y malversación; perdió el puesto, reculó parcialmente -en su testimonio ante una comisión parlamentaria- sobre la gravedad del procedimiento y durante la prolongada instrucción sumarial se convirtió para sus compañeros en símbolo de la autonomía de los funcionarios para fiscalizar el presupuesto. La semana pasada salió la sentencia: sólo el letrado y él mismo han resultado absueltos.

A lo largo del juicio, el interventor fue el soporte sobre el que los demás inculpados colgaron sus argumentos defensivos. Nueve años de incertidumbre con toda su carrera en entredicho. Hubo controversia sobre el tiempo y la forma en que formuló sus avisos, y en especial sobre la ausencia de un código rojo, llamado informe de actuación, que podía detener automáticamente todo el mecanismo.

Pero la docena y media de advertencias desechadas ha constituido un elemento decisivo para que el tribunal considerase que existió una omisión del deber de control en la cúpula del poder político. Por eso, más allá de su propio compromiso, es el colectivo funcionarial el que se ha sentido, de ahí la ovación, reforzado por el veredicto.

Gómez ha confesado a sus colegas guardar «un cierto rencor» por su amarga experiencia. El silencio, la vista gorda, la inercia, acaso le hubieran evitado problemas. O tal vez le habrían conducido, quién sabe, a la condena que ha evitado por cumplir con su conciencia.

La suya es la peripecia que se vive a diario en una Administración sometida a la presión directa o indirecta de una política para la que las normas siempre parecen una molestia. Ningún aplauso le compensará ya la zozobra de una década pero al menos su reputación merece una defensa. Por defender la convicción de que al final, en caso de duda, no hay mejor guía que la ética.

Ignacio Camacho ( ABC )