El ministro, señor Bolaños ha defendido en la tribuna del Congreso la Ley de Memoria Democrática (LMD), alegando que se trataba de un “reencuentro” y el comunista señor Santiago, como si fuera una “reparación” …. Pues entonces que no traten de engañar al respetable: mejor hubieran titulado la norma polémica como Ley de Reencuentro y Reparación del Frente Popular u otras expresiones similares y todos tan contentos.

Pero que no confundan al ciudadano con titular esta norma como “memoria”, ni mucho menos como “democrática”. Porque no es ni una cosa ni la otra, pues a mi juicio las destruye inexorablemente.

Lo que la norma -atendiendo a su articulado- verdaderamente pretende, es destruir todos los recuerdos y memorias de quienes sufrieron la persecución izquierdista durante la IIª República, Guerra Civil y Régimen del 18 de Julio, con la coartada de alabar a quienes sufrieron represión en la zona nacional o durante la época de Franco; que ya han recibido todo tipo de halagos e indemnizaciones desde 1979. Eso pudiera interpretarse incluso como fraude de ley o abuso de derecho.

Humildemente, creo que esta norma ha sido confeccionada por fanáticos o indocumentados. Y me explico: unos por haber asimilado el odio, que, desde principios de los años cuarenta, empezó a esparcir e inocular la popular Pirenaica, la cadena de radio comunista que emitía desde Moscú; y otros por haber quedado trastornados u obsesionados en exceso, tras leer varios libros de fantasía histórica, como le ocurrió al Ingenioso Hidalgo con los libros de caballería.

La ley en cuestión se convierte en un verdadero rodillo totalitario, cuando crea determinados organismos para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la norma. Es curioso que, declarando la nulidad de todos los tribunales civiles, militares y administrativos de la guerra y posguerra, instituya una especie de entes o comités, que en puridad son verdaderos jurados administrativos; es decir, lo que pudiera ser la checa de Fomento y de Bellas Artes en el Madrid de agosto de 1936, a los efectos de inspeccionar y vigilar la aplicación de esta norma neroniana.

Estas especies de checas oficiales adquieren incluso potestades reglamentarias para desarrollar los preceptos de la LMD, lo que resulta inaudito, pues ello supone que se le atribuyan una especie de poder normativo. La potestad reglamentaria le corresponde al Estado, como detentador de la capacidad normativa, pero que una comisión o jurados administrativos tengan capacidad de informar sobre los reglamentos de las leyes ni siquiera lo habíamos visto en las checas de la zona roja o republicana, cuando aplicaban la pena capital a un detenido y confiscaban bienes a miles de detenidos….

Parece ser que les gusta esta forma de reprimir o reprender a quien disienta de sus ideas.

José Piñeiro Maceiras ( El Correo de España )