Teniendo en cuenta la experiencia acumulada, las comisiones de investigación que se abren en las Cortes, más que perseguir el esclarecimiento de asuntos de «interés público» como aparecen en su regulación, suelen estar impelidas por la búsqueda de una condena al rival político, antes, durante o incluso después de que los tribunales pongan las responsabilidades penales en su sitio.

Algunas de ellas no llegan ni a ofrecer conclusiones ni recomendaciones toda vez que su objetivo, docena y media de titulares que erosionen al adversario, ya se ha conseguido de antemano.

Peores resultan aún cuando se desarrollan estando el asunto principal sub iúdice. Naturalmente que las Cortes o los parlamentos autonómicos pueden y deben ejercer esa herramienta reconocida en la legislación.

El problema es cuando más que el interés por determinar las responsabilidades políticas se accede a ellas con las conclusiones preescritas de tal forma que se vetan comparecencias que pueden perjudicar ese prejuicio.

ABC