En una sorpresiva e insólita comparecencia, convocada casi de madrugada, el ministro de la Presidencia anunció este lunes que los teléfonos institucionales del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa sufrieron el año pasado una intrusión con extracción de archivos.

En el caso de Pedro Sánchez, los autores del ciberataque se apropiaron de más de 2,6 gigas; en el de Margarita Robles, de solo 9 megas. Félix Bolaños no dio más detalles, salvo que el ataque fue «externo», queriendo decir que no estaban involucrados organismos oficiales de seguridad, y que los hechos han sido remitidos a la Audiencia Nacional. La elección de este tribunal no puede ser aleatoria, porque su competencia se limita a delitos de terrorismo, cometidos en el extranjero o por organizaciones criminales de corrupción y narcotráfico a gran escala.

Por tanto, aunque el Gobierno no haya identificado -o eso dice- a los autores del espionaje, algún indicio debe de tener para no haber remitido la denuncia a un juzgado de instrucción ordinario. Con la sombra de Marruecos planeando sobre esta crisis, las lagunas en la narración de los hechos demuestran que la rueda de prensa ha sido precipitada, poco justificada e incluso contraproducente.

Si los servicios de protección de las comunicaciones del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han tardado un año en enterarse de que habían sido espiados, la comparecencia solo sirvió para dejar en evidencia al Estado. Sin embargo, y como ha podido confirmar ABC, el Ejecutivo conocía desde hace meses la intrusión en los teléfonos móviles de Sánchez y Robles.

Que el domingo recibieran el informe definitivo sobre este espionaje no es más que una excusa, porque no había necesidad de dar a conocer de forma tan precipitada e insuficiente el resultado de la investigación. Faltó explicar la razón de tanto retraso, y la elección del 2 de Mayo -festivo en buena parte de España y con un aluvión de encuestas preelectorales muy favorables al Partido Popular- para dar a conocer los hechos. Alberto Núñez Feijóo, mostró su apoyo al Gobierno, no sin expresar su sospecha de que el día elegido tenía un propósito político.

Es evidente que la información proporcionada por el Gobierno quiere amortiguar el efecto del supuesto espionaje a dirigentes del independentismo catalán y crear una especie de solidaridad victimista entre unos y otros, lo que da la medida del precio que Sánchez, a costa del crédito del Estado, está dispuesto a pagar por su relación con el independentismo.

El problema de Sánchez es que se ha ganado a pulso la fama de maniobrero y manipulador. Aunque el espionaje al presidente y a la ministra Robles se da por cierto, la rueda de prensa lo tiñe todo de oportunismo político y de propaganda urgente ante la opinión pública.

El Gobierno deberá incluir entre los riesgos de la operación de marketing de este lunes que el efecto público sea el contrario al pretendido, porque de víctimas pueden pasar a ineptos sin solución de continuidad, más aún tras las todavía recientes e inexplicadas cesiones territoriales a Marruecos, régimen al que, junto a Rusia y países de su entorno, apuntan las sospechas de un espionaje, de momento anónimo, cuya confesión pública debilita al Estado y retrata al Gobierno.

Si tanto preocupan al Ejecutivo la seguridad del Estado y el blindaje de la información sensible, la entrada de ERC, Bildu y la CUP en la comisión de secretos oficiales es aún más insostenible en términos democráticos, políticos e incluso diplomáticos.

En vísperas de la Asamblea de la OTAN de Madrid, Sánchez juega con fuego: confiesa en público la vulnerabilidad del Estado, a su vez utilizada en beneficio de un Ejecutivo desesperado.

ABC