Un Gobierno tan ebrio de poder que es capaz de confinar al Rey -que por ahora, mientras no cambie la Constitución, es el Jefe del Estado- y de vetar su presencia en un acto, no se atreve a decretar el confinamiento de Madrid y sus municipios metropolitanos.

Los habitantes de la capital y aledaños asisten al insólito espectáculo de un ministro de Sanidad lamentando con gesto muy preocupado que las autoridades regionales no adopten una medida que considera imprescindible para atajar el contagio de una epidemia cuyo control constituye en este momento su principal trabajo, en la práctica el único que justifica la existencia del Ministerio que tiene a su cargo.

Sucede que esa decisión, la de encerrar a los ciudadanos, tiene costes políticos muy altos, sobre todo si se produce por segunda vez en sólo medio año. Pero ni siquiera un Ejecutivo como éste, tan aficionado a gobernar a decretazos, ha logrado alcanzar todavía la facultad de obligar a sus adversarios a dar las órdenes que el presidente estime perjudiciales para la popularidad de su liderazgo. A Sánchez le gusta mandar tanto como le desagrada asumir los compromisos del mando.

Si los expertos gubernamentales, en el supuesto de que existan, creen que hay motivo para declarar la emergencia sanitaria, el Consejo de Ministros posee la competencia -y el deber- de proclamar sin más trámite el estado de alarma. Al menos durante los primeros quince días no necesita para ello autorización parlamentaria. Se reúne, aprueba la resolución y basta; cuando están en juego los intereses generales no vale la milonga de la «cogobernanza».

Y en caso de negarse la comunidad autónoma afectada, el Artículo 155 faculta al Gabinete a intervenir temporalmente las competencias necesarias. Más aún: la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid advirtió ayer mismo que para endurecer las restricciones de derechos ya promulgadas han de usarse «instrumentos jurídicos más idóneos» que las disposiciones autonómicas puestas en marcha. Verde y con asas.

Claro que eso pondría a la Moncloa ante una contradicción insalvable. Porque existe una tasa de infección similar o hasta superior a la de Madrid en otros territorios, comarcas y ciudades. Y no podría singularizar a Díaz Ayuso como la única culpable de poner en peligro la salud de varios millones de habitantes, que es la cuestión clave subyacente bajo la renuencia de Sánchez a implicarse en sus responsabilidades.

El Gobierno parece haber entendido que la segunda ola va a pasar con retraso la factura del caos de marzo, y está centrando su estrategia -propagandística, que es su punto fuerte- en la socialización del fracaso. La comunidad madrileña, cuya presidenta también atesora una notable colección de fallos, es el objetivo, la coartada y al mismo tiempo el obstáculo.

El gimoteo de Illa forma parte de los preparativos psicológicos del asalto.

Ignacio Camacho ( ABC )

viñeta de Linda Galmor