CONVERGÉNCIA SAQUEÓ A LOS CATALANES

Ocho años después de que la Justicia empezase a investigar el caso Palau, la Audiencia de Barcelona impuso ayer condenas de hasta nueve años de cárcel a doce personas por el expolio continuado de 23,7 millones de las arcas del Palau de la Música de Barcelona. Catorce de esos millones fueron desviados por miembros de la trama para su lucro personal, y otros 6,6 millones en mordidas se camuflaron para financiar a Convergencia Democrática de Cataluña.

La condena al partido de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont no deja lugar a dudas sobre la escombrera de corrupción en que habían convertido su gestión política, y ahora deberán reintegrar a la Justicia esos casi siete millones de euros con los que CDC pagaba gastos de partido y los prolegómenos del desafío separatista. Ya es un hecho juzgado que entre 1999 y 2009 Convergència convirtió al Palau en una mera cobertura de apariencia institucional para ocultar cientos de pagos y cobros a través de falsos patrocinios, convenios de colaboración hinchados y facturas fraudulentas por servicios que nunca se prestaron.

Convergència ideó, nutrió y ocultó un sistema perfectamente diseñado para delinquir, y para sustraerse a cualquier tipo de control en manos de un tesorero corrupto, de un grupo de «ingenieros» del robo, y unos testaferros del fraude que camparon a sus anchas haciendo discurrir por el Palau a multitud de empresarios y constructores que, antes de recibir adjudicaciones de obras públicas en Cataluña, debían «pasar por caja».

La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, pero supone el final de una era y de una generación de políticos que, bajo la coartada emocional del independentismo, se dedicaron a delinquir sin miramientos. O como mínimo, a avalarlo. Más allá de que ningún secretario general de Convergència haya tenido que sentarse en el banquillo, es innegable que formaban parte de un circuito irregular y lesivo para los intereses de Cataluña.

Hasta ahora, la Justicia ha mantenido embargada la sede principal de CDC en Barcelona, y es previsible que el inmueble se utilice como moneda de cambio si el partido no pudiera hacer frente a su condena y al pago de los 6,6 millones. De hecho, los gastos de responder ante la Justicia, y ante el Tribunal de Cuentas en algunos casos, se le van acumulando tanto al partido como a antiguos dirigentes de CDC.

Lo determinante no está tanto en el resarcimiento a las cuentas públicas, que deberá producirse en todo caso, sino en la ejemplaridad. Por un lado, ocho años para juzgar un caso es una eternidad no asumible en una democracia sólida. Por otro, de los doce condenados solo cuatro de ellos ingresarán en prisión. Bien sea por su edad avanzada, bien porque las penas no son excesivas, el riesgo de que se perciba una justicia insuficiente sigue estando ahí.

ABC