La adjudicación por parte de Correos de más de dos millones de euros en asesorías a una consultora con sede en Panamá constituye un escándalo mayúsculo por el que el Gobierno debe ofrecer explicaciones ya.

Tal como reveló EL MUNDO, el servicio postal, presidido por Juan Manuel Serrano ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno, concedió un «servicio de consultoría en materia de telecomunicaciones» a la empresa Sortis, cuyos propietarios disponen en el mencionado país caribeño de una de las fiduciarias investigadas en la trama de la constructora Odebrecht. Por no hablar del accionariado de la rescatada Plus Ultra, que opera también en Panamá.

El paso dado por Correos choca con la exigencia del PSOE de vetar a a las empresas off shore en la obtención de contratos públicos.

El propio Sánchez se comprometió a «poner todas las trabas posibles y a endurecer las consecuencias para los ciudadanos y empresas que operen en paraísos fiscales». Ahora el Ejecutivo calla.

De ahí que el PP confirmara ayer que solicitará la comparecencia de los ministros de Hacienda y de Transportes por esta adjudicación sospechosa. Correos alegó que desconocía la «actividad exterior» de Sortis.

Pero es inaceptable que el Estado suscriba contratos públicos con empresas cuyas ramificaciones alcanzan a un paraíso fiscal.

ABC