CRISIS Y GOBIERNO SOCIALISTA, MAL ASUNTO

La Comisión Europea ha revisado a la baja las cifras de crecimiento del PIB para 2019 y 2020 que remitió el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, al tiempo que alerta de que se reducirá el ritmo de creación de empleo y de que la deuda pública española subirá este año hasta el 96,7 por ciento del PIB.

Bruselas señala que hay causas comúnes en toda la eurozona que explican el estancamiento, fundamentalmente la incertidumbre sobre la evolución del comercio mundial y de las inversiones, y aconseja a aquellos socios con altos niveles de deuda, como es el caso de España, que adopten políticas fiscales prudentes.

La reacción gubernamental, por parte de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha consistido en la reafirmación de sus estimaciones de crecimiento y en entonar un canto a la solidez de nuestros pilares económicos. Según la ministra, las previsiones de la Comisión no se corresponden con la realidad que vive nuestro país, afirmación, cuando menos, arriesgada, incluso, aunque se haya hecho en el contexto de una reñida campaña electoral.

Ciertamente, ni las previsiones de otoño de la Comisión ni los datos del mercado laboral hechos públicos el pasado martes iban a hacer mella en el discurso optimista del candidato del PSOE, que ha tratado de soslayar el debate económico a lo largo de toda la campaña, pero esto no significa que el conjunto de la sociedad, que, al parecer, vive una realidad diferente, no sea perfectamente consciente de que se avecina un nuevo cambio de ciclo y actúe en consecuencia.

Así, el propio comisario europeo, Pierre Moscovici, destacaba del análisis de la situación española que no sólo se estaba produciendo una reducción del consumo interno, sino que las tasas de ahorro de los hogares tendían al alza, enjugando la subida de los salarios.

Es decir, que los ciudadanos no han perdido la memoria de cómo gestionó la pasada crisis un gobierno socialista y se preparan, al menos aquellos que pueden, para capear el temporal y aplazan la compra de bienes duraderos y las inversiones a medio y largo plazo.

Sin duda, la inestabilidad política y el convencimiento de que las inmediatas elecciones no van a resolver la situación de bloqueo parlamentario influyen en las decisiones económicas de los españoles, pero, a nuestro juicio, prima el temor en un amplio sector de las clases medias trabajadoras y de los empresarios a que un gobierno del PSOE, que, a tenor de lo que pronostican las encuestas, estaría condicionada por el populismo radical de Unidas Podemos y los nacionalistas, nos devuelva a ese bucle de mayor gasto público, mayor presión fiscal y consecuente deterioro de un mercado laboral que, como ya hemos señalado, está dando las primeras señales de decrecimiento.

El problema es que no hay soluciones mágicas de la especie de «hacer que paguen los ricos», entre otras cuestiones, porque los «ricos», en la terminología progresista, ya pagan tipos impositivos por encima de la media europea, con lo que sólo queda el recurso de operar sobre los clásicos yacimientos fiscales, bastante exhaustos, como viene señalando la Comisión Europea desde que Pedro Sánchez presentó sus primeros y fallidos Presupuestos Generales.

Nada que sea ajeno a la manera de gestionar la economía de los gobiernos socialistas, de lo que la sociedad española tiene sobrada experiencia. Tal vez, la situación en Cataluña, cuya gravedad no queremos disminuir ni un ápice, haya opacado este debate en la campaña, que, en otras circunstancias, hubiera sido fundamental.

Y no es sólo por la estrategia deliberada del candidato socialista, Pedro Sánchez, que es el más afectado por las malas señales de la economía, sino por la coincidencia de intereses con otros partidos, que han visto en la crisis catalana y en la preocupación que suscita entre los electores una oportunidad de ganar terreno en las urnas.

La Razón