CUANDO IGLESIAS ESTÁ POR ENCIMA DEL REY

Ayer hubo una lluvia de denuncias en las redes sociales y en las televisiones -las del duopolio y las públicas- del video distribuido en la red en el que una mala bestia (humana) dispara con un rifle -o quizá sea un fusil- a fotografías del presidente del Gobierno, el vicepresidente segundo, el ministro del Interior y los portavoces parlamentarios del PSOE y de Podemos. Algo absolutamente deleznable.

Los miembros del Gobierno y los parlamentarios deben tener una especial protección que garantice su libertad de iniciativa y de defender las ideas que tengan por conveniente. En una democracia eso no es discutible. Es un derecho de todos los miembros de todos los partidos.

Porque últimamente la libertad de algunos tiene mejor derecho que la de otros. Pablo Iglesias se apresuró a twittear -no sé si desde la comodidad de la Vicepresidencia del Gobierno o desde la de la mansión de Galapagar- que «ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás.

Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno». Queda claro que para él, lo primero es su concepto de lo que deba ser la justicia social. Y eso va antes que la democracia, la libertad y el Gobierno -más que nada por si en algún momento llegaran a perderlo-. Pero lo que se veía en el video no es que no llegara a «comando». Es que no llegaba ni a «pseudocomando».

Porque según el Diccionario de la Real Academia Española -prepárate estimado Santiago Muñoz Machado, verás la que te va a caer por contradecir al vicepresidente- un comando es «un pequeño grupo de tropas» o un «grupo armado de terroristas». La RAE todavía no reconoce la existencia de grupos de una persona, pero si Iglesias se lo pide, todo se andará.

Lo más interesante del caso, como destacaron todos los medios, ABC.es incluido, es que la Abogacía del Estado se apresure a presentar una denuncia ante la Fiscalía para investigar y averiguar la identidad de los autores del video y de los disparos. Obviamente, me parece bien que se haga.

Pero me gustaría que la Abogacía del Estado y la Fiscalía ofrezcan a la opinión pública, a los contribuyentes que pagamos sus sueldos y que tenemos derecho a tener conocimiento de su trabajo, todas las iniciativas que han tomado en los últimos tres años para investigar e identificar a las personas -especialmente en Cataluña, con perdón por señalar- que ante las cámaras han quemado imágenes de los Reyes, la Princesa y las Infantas y que proclamaban que había que llevarles a la guillotina.

Por si doña Dolores Delgado García, la Fiscal General del Estado, no lo sabe, es bastante más probable sobrevivir a un disparo mal tirado de fusil que a la cuchilla de una guillotina. Lo digo por la relevancia penal que la amenaza pueda tener. Pero en estas circunstancias ella parece preferir no denunciarlo.

Ésta es la España de la hora presente: un imbécil hace un video disparando a fotos con retratos de miembros del Gobierno e interviene la Abogacía del Estado. Las turbas queman fotos de la Familia Real, incluyendo fotos de niñas menores de edad y no pasa nada.

Deben de ser las únicas niñas no protegidas de España. Al que llaman «el jefe del Estado» le desean el mismo final que querían para el único que ostentó legalmente esa definición y con el que le equiparan. Pero contra aquél, estuvieron sentados en su casa, sin oponerse, durante 35 años. Con un par.

Ramón Pérez-Maura ( ABC )